Sánchez saca a la calle a UGT y CCOO contra los empresarios tras su silencio por la inflación récord

Los sindicatos UGT y CCOO, crecientemente subvencionados por el Gobierno e implicados, principalmente en el caso de la organización que dirige Pepe Álvarez, en casos de corrupción, saldrán a la calle para protestar contra los empresarios, exigir subidas salariales importantes y las correspondientes cláusulas de revisión. El español es un caso insólito en Europa, donde las protestas sindicales se han dirigido en todos los casos contra los gobiernos respectivos y no contra los empresarios.

Así ha ocurrido también con el malestar ante la inflación desbocada, de la que ningún sindicatos europeo ha culpado a los empresarios sino a los gobiernos respectivos. Ni UGT ni CCOO han hecho el menor intento hasta la fecha de manifestarse en contra de la inflación récord -la más alta del Continente- y del encarecimiento del coste de la vida, como ha sucedido en Europa.

La primera concentración anunciada hoy por los sindicatos será el 7 de octubre, coincidiendo con la jornada mundial por el «trabajo decente» promovida por la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos, y se realizará ante las sedes de todas las organizaciones empresariales del país. A esta convocatoria le seguirán asambleas informativas en las empresas entre el 14 y el 28 de octubre, en las que se «coordinarán los conflictos». Por último, el ciclo de movilizaciones finalizará con una «gran manifestación» el 3 de noviembre en Madrid.

El Gobierno de Sánchez lleva tiempo azuzando las protestas sindicales a través de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la que las centrales «tienen motivos de sobra para hacer público su malestar por la resistencia de las organizaciones patronales a aceptar sus exigencias de subidas salariales». Díaz ha llegado a decir que la patronal CEOE está boicoteando el diálogo social. El pasado lunes pidió en el Congreso de los Diputados a ambas partes de la negociación colectiva «que tengan altura de miras» e incidió en la necesidad de que se incrementen los salarios, ya que las retribuciones en convenio colectivo se han elevado en lo que va de año un 2,6% de media, frente a una inflación superior al 10%».

Los sindicatos reclaman un «acuerdo salarial general» para hacer frente al crecimiento del coste de la vida por la inflación, por lo que piden incrementos salariales en todos los convenios colectivos cuya negociación está bloqueada y acordar una subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.100 euros para 2023. UGT defiende dicha subida porque los 1.049 euros previstos de aumento por el Ejecutivo «es evidente que se quedan cortos» al responder a una previsión «que se hizo hace más de tres años».

La patronal de empresarios que preside Antonio Garamendi se ha mostrado en repetidas ocasiones partidaria de un pacto de rentas que haga frente a la actual crisis de precios. También se ha declarado favorable a incrementos salariales moderados, pues en caso contrario «se activarían los temidos efectos de segunda ronda, de manera que los salarios se convertirían de hecho en un impulso adicional de la subida de precios».

En lo que respecta a la negociación colectiva, CEOE se opone radicalmente a la inclusión de cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos, porque tal eventualidad «dispararía los costes laborales y, finalmente, desembocaría en un aumento del desempleo». La organización de Garamendi también es absolutamente contraria a un aumento del SMI, que además de presionar al alza los costes empresariales abocaría al paro a los trabajadores con menor cualificación profesional y menos capaces de aportar valor añadido.