Sánchez derrocha ayudas por menores en familias con rentas de 50.000 € mientras España lidera la UE en pobreza infantil
La ayuda vinculada al IMV llega a hogares con ingresos superiores a 4.000 euros mensuales
El Gobierno de Pedro Sánchez ya reparte ayudas públicas por tener menores a cargo incluso a familias que superan rentas de 50.000 euros anuales. La última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) incorpora otro dato que amplía el alcance del denominado «escudo social». Un detalle que para muchos habría pasado desapercibido.
Se trata del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una ayuda que puede cobrarse incluso sin percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) al contar con unos umbrales de renta mucho más elevados. Tanto es así que puede llegar a hogares con ingresos de hasta 4.182 euros mensuales en el caso de una familia formada por dos adultos y dos menores.
El CAPI en un primer momento fue diseñado para reforzar la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo, pero ahora la partida se está repartiendo a familias que, a priori, podrían pasar sin las cuantías ofertadas.
En julio, 613.088 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 67,3 euros por menor y de 122,8 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
Dado que el Ejecutivo ha optado por elevar hasta un 58% la renta máxima hasta la que estaría permitido pedir la ayuda, cualquiera podría pensar los escalones sociales que se encuentran en una situación más vulnerable estarían cubiertos: nada más lejos de la realidad.
El país de la UE con más pobreza infantil
Este despilfarro económico del «escudo social» choca de frente con el dato que ha colocado a España como líder en pobreza infantil de toda la Unión Europea (UE).
Los datos oficiales más recientes confirman la gravedad de la situación. Según Eurostat, recogidos por la red europea EAPN-ES, España lideró en 2025 la pobreza infantil de la Unión Europea con una tasa del 28,4%, 8,8 puntos por encima de la media comunitaria.
El propio INE, en su Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, sitúa el riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) entre los menores de 16 años en el 35,5% en niñas y el 32,3% en niños.
Por su parte, UNICEF, en su informe de pobreza infantil de 2025, eleva la cifra al 34,8%, la segunda tasa más alta de la Unión Europea tras Bulgaria. Con independencia de la metodología, todas las fuentes coinciden en un mismo diagnóstico: más de dos millones de menores en España viven hoy en riesgo de pobreza o exclusión social.
Estas cifras macro son confirmadas, por ejemplo, con la Fundación Madrina. Desde la organización explican que la demanda de ayuda gestionada por la entidad se ha triplicado en los últimos tres años, como consecuencia directa del encarecimiento de la vida y de la crisis de acceso a la vivienda.
En su último ejercicio de referencia, el Call Center de la Fundación llegó a recibir más de 37.000 llamadas de emergencia en un año. Pero, si el Gobierno celebra el aumento de la cuantía destinada e incluso la reparte entre aquellos para los que no es una necesidad básica… ¿Qué está pasando?
Según detallan desde la Fundación, el pasado 6 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó transferir 198 millones de euros a las comunidades autónomas para programas de acción social e infancia, una cifra que el Gobierno redondea a «200 millones».
Fundación Madrina desgranó entonces, partida a partida, el destino real de ese presupuesto y descubrió que más de dos tercios del dinero no llega a la cesta de la compra de los menores, sino a estructuras de personal y gestión administrativa. En este sentido, sólo 65 de los 200 millones están llegando a las familias que más lo necesitan. Todo parece tratarse de marketing.
Llegan 65 euros al año por hogar
Si se reparte la única partida que se traduce en bienes básicos -los 65 millones de intervención directa- entre el millón de hogares en vulnerabilidad severa que Fundación Madrina estima a partir del indicador AROPE del INE, el resultado es una ayuda de 65 euros al año por hogar.
Incluso si se computara la totalidad de los 198 millones como si llegaran íntegros a las familias, sin descontar los 133,7 millones que se destinan a personal y gestión, la ayuda no superaría los 16,6 euros al mes por hogar. Una cifra que ya de por sí resulta insuficiente frente a la inflación acumulada en alimentación, energía y vivienda de los últimos años.
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