Para salvar las pensiones Pedro Sánchez propone hundir la economía

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó propuestas para, desde su óptica, “salvar las pensiones”. Las mismas son tres: derogar la reforma de 2013 (la que aprobó el factor de sostenibilidad y cambió la fórmula para calcular el incremento anual); aumentar salarios a los funcionarios, subir el salario mínimo y presionar para que también se incrementen los salarios privados, y crear dos impuestos para “la banca”.

Lejos de lograr su propósito (“salvar las pensiones”), las propuestas del señor Sánchez agravarían el problema de sostenibilidad del sistema previsional. Además, dificultarían la creación de empleo, reducirían la competitividad y encarecerían el crédito, lo que a su vez golpearía el consumo, las exportaciones y la inversión. Veamos por qué.

La reforma de 2013 fue un gran paso hacia la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las pensiones se actualizan teniendo en cuenta los ingresos y gastos del sistema. Si el sistema vuelve a tener superávit, las pensiones podrán crecer incluso más que la inflación. Si esa reforma fuera derogada, el déficit del sistema no tendría límite. Las pensiones aumentarían más, pero a costa de mayores impuestos y/o una mayor deuda pública. Además, crecerían las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y aumentaría la prima de riesgo.

El señor Sánchez quiere que aumenten los salarios para que se incremente la recaudación de las cotizaciones sociales. Tal vez un socialista nunca lo entienda, pero los salarios no pueden fijarse de manera arbitraria. Los salarios deben ser acordes a la productividad. Cualquier aumento de salarios superior al de la productividad (lo que propone Sánchez) resta competitividad a las exportaciones, dificulta la contratación y genera desequilibrios (inflación, déficit exterior, etc.). No es solo teoría: en los años anteriores a la crisis, los salarios crecieron pese a que la productividad estaba estancada. Eso se financió con una inflación mayor a la de la zona euro y la burbuja inmobiliaria. Ya sabemos cómo acabo la historia.

En cuanto a los impuestos a la banca, uno es el impuesto a las transacciones financieras. Ese impuesto abre la puerta a que cualquier transacción financiera sea gravada, incluso las transferencias (eso ya ocurre en otros países). En este caso particular, sería un impuesto a la compra y venta de activos financieros. Un impuesto así ya existe en Francia e Italia, pero no son los bancos quienes lo pagan, sino los ahorradores (pequeños y grandes) que invierten en acciones. Compre una acción en el mercado francés y mire el desglose de la comisión: verá que es usted y no la banca quien paga el impuesto a las transacciones financieras.

El otro sería un impuesto finalista, específicamente destinado a financiar las pensiones. El argumento es demagógico y falso: “como hubo dinero público para rescatar la banca, que ahora la banca rescate las pensiones”. El dinero público no rescató a la banca privada, sino a las cajas de ahorro con gestión politizada. Es decir, a entidades que necesitaron ser rescatadas por la mala gestión realizada por políticos y sindicalistas. La banca privada no solo no fue rescatada, sino que ayudó, comprando los títulos de deuda del gobierno cuando nadie los quería.

En un entorno de bajísimos tipos de interés, la banca tiene dificultades para que su negocio en España sea rentable. Cualquier nuevo impuesto sobre la banca será repercutido en el coste del crédito, lo que acabará perjudicando a autónomos y pequeñas empresas en primer lugar.

Las dos veces que le tocó gobernar, el PSOE dejó una economía en crisis. Las propuestas de Pedro Sánchez nos anticipan que, en caso de volver al gobierno, el PSOE está dispuesto a dislocar la economía una vez más. “No hay dos sin tres”, dice el refrán. Por algo será.

(Diego Barceló Larra es director de Barceló & asociados) (Twitter: @diebarcelo)