Renta mínima, un paso más del Gobierno hacia el «paraíso bolivariano»

El Gobierno está avanzando en la puesta en marcha de una «renta mínima». Se trata de una vieja aspiración de Podemos, que consiste en que cualquiera, «por el mero hecho de ser ciudadano», tenga derecho a percibir una prestación que asegure su subsistencia. La realidad de unas cuentas públicas dislocadas hará que, al menos de inicio, su alcance sea un poco más reducido.

Esta idea se basa en una malintencionada interpretación de las cifras de pobreza. España es un país donde prácticamente no hay hogares en los que no haya lavadora, teléfono y TV. Sin embargo, la población «en riesgo de pobreza» es el 26%. Ese «riesgo» agrupa a la gente con un ingreso disponible inferior al 60% de la mediana. Eurostat aclara que ese indicador no mide la pobreza, sino un nivel de ingresos bajo en comparación con el resto de la población. En Suiza, uno de los países más ricos del mundo, está en “riesgo de pobreza” un 17,4% de la población.

El hecho es que los socialistas de todos los partidos toman esos porcentajes como si de pobres se tratara, para justificar una medida insostenible en lo económico, injusta en lo social, pero provechosa en lo político. Veamos.

El Gobierno presenta esta idea como un «puente» para que una persona pueda sostenerse hasta conseguir un empleo y que «nadie quede atrás». La realidad es que una vez que alguien comienza a percibir una prestación de ese tipo, para no dejar de cobrarla, de volver a trabajar, solo lo hace «en negro». La «renta mínima» promueve la economía informal. Quien lo dude, que pregunte en cualquiera de las autonomías que ya tienen en vigor una prestación de ese tipo.

Si el fomento de la economía informal hace de la renta mínima algo de por sí insostenible, lo es mucho más ahora. Este año, antes de aprobarse esta medida, el déficit fiscal llegará como poco, al 8% del PIB (el gobierno gastará 100.000 millones de euros más de los que ingresará). La deuda pública pasará del 96% al 110% del PIB.

El Gobierno es como una persona a la que le bajan el salario, pero aun así decide empezar a gastar más. Lo que sería una locura para las finanzas personales, para las finanzas públicas también lo es, aunque los socialistas no lo entiendan. Es por esa actitud temeraria que la prima de riesgo de España se ha duplicado desde finales de febrero hasta hoy.

Socialmente se trata de una medida injusta. Además de todo el esfuerzo que ya hacen para sostener con sus impuestos el pago de pensiones, el sistema de salud y educación, la justicia, la seguridad y la defensa, el menguante colectivo de quienes trabajan en el sector privado tendrá que pagar esta nueva prestación (difícilmente serán menos de 4.000 millones de euros anuales). Para quienes la perciban, en lugar de facilitarles su progreso, la renta mínima los incentivará a mantenerse en la marginalidad, por lo que será para ellos una «trampa de pobreza».

Hay quien cree que la renta mínima, al fomentar el consumo, ayudará a crear riqueza. Se equivoca: lo primero que hace la renta mínima es destruir riqueza, pues desalienta el trabajo y la inversión. Mucho más cuando, tras dispararse la deuda pública, el Gobierno diga que “no tiene más remedio” que subir los impuestos.

Lo que no se entiende desde lo económico ni desde lo social, se comprende fácilmente desde lo político: con la renta mínima, los socialistas aspiran a retener cientos de miles de votos; los comunistas, a dar un paso más en la destrucción del nuestro sistema de libertades, rumbo al paraíso bolivariano.

Es lo que nos toca vivir: en la peor crisis sanitaria en décadas, mientras la población está confinada y sufre un recorte en sus libertades dudosamente compatible con una sociedad democrática, al menos una parte del Gobierno aprovecha el momento para avanzar en una agenda liberticida y totalitaria.

Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados

@diebarcelo