El ‘procés’ ahoga a Cataluña: Torra recorta el gasto de las consejerías y de las empresas públicas
La Generalitat de Cataluña ha sacado la tijera. Tras millones de euros destinados a propaganda independentista, pseudo-embajadas y demás fines meramente ideológicos, a la región catalana se le acaba el dinero y se ve obligada a recortar el gasto de consejerías y empresas públicas catalanas. No basta con los 6.534 millones de euros que llevan pedidos a España en 2019, ni con los más de 80.000 millones de euros que acumulan desde que Cataluña empezó a utilizar los fondos de financiación autonómica. Los gastos superfluos ideológicos y políticos se están comiendo la economía catalana.
El consejero de Economía, Pere Aragonès, ha anunciado este jueves que la Generalitat recortará el gasto de las consejerías y de las empresas públicas catalanas, aunque en principio no afectará al pago de nóminas, servicios básicos e inversiones y gastos ya comprometidos. El objetivo: cuadrar las cuentas de 2019 y no generar más déficit del permitido.
Cabe recordar, en este sentido, la ingente cantidad de dinero que la Generalitat gasta en sus más de 180 entes, empresas públicas, consorcios y fundaciones que, según el Tribunal de Cuentas, cuesta a las arcas catalanas más de 22.000 millones de euros.
Carlos Rivadulla, presidente de Empresarios de Cataluña, recuerda que la deuda de Cataluña «es brutal» y se apoya en un estudio de BBVA Research que subrayaba que «sin las tensiones separatistas tendríamos algún punto más de PIB». En todo caso, continúa, «con una economía abierta y sin tensiones políticas iríamos mucho mejor de como estamos ahora».
Carlos Rivadulla: «El separatismo es todo bloqueo»
«El separatismo es todo bloqueo. La CUP y los independentistas son incapaces de sacar unos Presupuestos. Estamos con los Presupuestos prorrogados desde hace dos años. Cataluña no avanza. No se puede hacer nada nuevo, no se pueden hacer políticas, no se puede hacer nada. Y estamos prorrogados por la parálisis separatistas y por sus tensiones internas. Ahora Torra quiere negociar con la CUP, y a ellos sólo les interesa la anarquía. Así Cataluña no va a avanzar», concluye el líder empresarial catalán.
Josep Bou: «Están haciendo partidas económicas para causas ideológicas»
Josep Bou, del PP de Barcelona, está de acuerdo con la reducción del gasto, pero no con los motivos que han empujado a la Generalitat a ello. «Me parece bien reducir los gastos. Otra cuestión es que tengan una administración en la que estén haciendo partidas económicas para causas ideológicas. Yo recortaría todos esos gastos que se destinan a pseudo-embajadas, a comprar observadores internacionales, etc. Por ahí es por donde deberían recortar», señala Bou.
«Se tiene que recortar el gasto, pero si afecta al gasto social, como ya pasó en su momento, pues tendremos problemas. Que lo expliquen bien. Tienen que recortar en lo superfluo, y lo superfluo es el tema ideológico», continúa el lider popular en la Ciudad Condal, que cree que «la deuda de Cataluña es insalvable. Jamás se va a poder pagar».
Recortes
Las entidades del sector público donde la Generalitat participa de forma mayoritaria o las que están adscritas al Gobierno catalán tendrán que comunicar, en el plazo de una semana, el importe del ajuste a realizar en su presupuesto de gastos, que ha de ser aproximadamente de un 6%.
Cualquier gasto de carácter urgente que no pueda esperar al año 2020 requerirá la autorización previa del vicepresidente del Govern y consejero de Economía o de su departamento.
La orden, publicada por el departamento de Economía en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), apunta que, en situación de prórroga presupuestaria y para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, es necesario avanzar los plazos de la tramitación de ejecución del gasto y de los procedimientos de modificaciones presupuestarias.
Fuentes de la consejería de Economía han explicado a Efe que el cierre presupuestario se hace cada año sobre el mes de noviembre, pero que este año se ha avanzado a agosto por la «incertidumbre» sobre los recursos que va a recibir Cataluña por parte del sistema de financiación autonómica.
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