Podemos critica a una filial de ACS por una sanción de Competencia anulada en la Audiencia Nacional

Podemos
Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso.
María Villardón

Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso y guía ocasional del conocido como ‘Tramabús’, ha hecho alusión a una sanción impuesta por la CNMC a una filial de ACS por pactar precios en la recogida de basuras que fue anulada por la Audiencia Nacional en junio 2015. La dirigente morada ha tildado a la empresa constructora como “una de las reinas de la adjudicación pública en nuestro país”.

Los hechos a los cuales se refiere Montero se remontan a enero de 2015, mes en el que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) anunciaba una sanción con un total de 98,2 millones de euros a 39 empresas, entre ellas Urbaser, filial de ACS.

El regulador abría un expediente a las compañías concesionarias porque consideraban que “llevaron a cabo una práctica concertada global de reparto del mercado que integraron en su política comercial”. Habrían incurrido, según Competencia, en “presuntas prácticas anticompetitivas” desarrolladas dentro de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip).

Desde la CNMC señalaban que había “conducta anticompetitiva en licitaciones convocadas por el Ayuntamiento de Madrid entre 2011 y 2013”. Inmediatamente, y es una práctica habitual, tras conocer la sanción por parte de la CNMC las empresas recurren las multas a la Audiencia Nacional y, en este caso concreto de la filial de ACS, el alto tribunal suspendió en junio de 2015 la aplicación de las sanciones impuesta por el organismo regulador.

Montero, que se guía por el libro “IBEX 35. Una historia herética del poder en España” (Rubén Juste, Madrid, 2017), ha calificado a ACS de “reina de la adjudicación pública en nuestro país” junto con FCC.

Podemos saca este lunes a la calle un autobús en el que asegura poner cara a la «trama» (antes llamada «casta»). El autobús ha circulado por todo Madrid haciendo pequeñas paradas en lugares como Iberdrola, Endesa, Banco de España o el propio Congreso de los Diputados.

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