Peritos del Banco de España aseguran que el Banco Popular era viable en la ampliación de 2016

En su informe, que obra ya en poder del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, los expertos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández insisten en que no puede decirse que el Popular «fuese inviable» pues «a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones».

A pesar de que «era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia» exigidos por el Banco Central Europeo (BCE), el banco disponía «además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios».

No obstante, concluye el escrito al que ha tenido acceso Efe, «con independencia de otros posibles déficits de provisiones», el importe de la ampliación hubiera debido ser mayor para alcanzar sus objetivos; de hecho, los anunciados para 2018 «sí eran alcanzables mediante operaciones de desinversión que el Consejo adoptó posteriormente».

Aprobada en mayo de 2016, todavía con Ángel Ron como presidente, en dicha campaña se suscribieron títulos por valor de 2.500 millones de euros en lo que fue una operación, ahora objeto de investigación tanto en la vía penal como civil, con la que el grupo pretendía fortalecer su balance, mejorar su rentabilidad y sus niveles de solvencia y calidad de activos.

Además, la entidad anunció entonces un nuevo plan estratégico que preveía la desinversión de 15.000 millones de euros de activos improductivos brutos en dos años, hasta 2018.

En opinión de ambos peritos, «algunas de las hipótesis» contenidas en el folleto de la ampliación «eran demasiado optimistas», especialmente las relacionadas con la evolución de la cartera de dudosos, lo que «invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia» del documento.

De este modo, cuestionan que las cuentas de 2015 «no respetaban determinados aspectos del marco contable» del Banco de España como se demostró tiempo más tarde, cuando la «corrección parcial de algunos de ellos causó las pérdidas a diciembre de 2016».

Aunque reconocen que no les es posible cuantificar el impacto de los incumplimientos de la normativa «subsistentes» a cierre de 2016, fundamentalmente en lo relativo a la sobrevaloración de las tasaciones, toman como punto de partida la estimación incluida en el plan de negocio aprobado el 31 de mayo de 2017, apenas una semana antes de la resolución del Popular.

En este se cuantificaban pérdidas de 1.915 millones por las provisiones de inversión crediticia y adjudicados de 4.180 millones, importe que «al igual que los 5.254 millones registrados en 2016 estaba vinculado en su mayoría a activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas del sector» hasta 2007.

Los expertos apuntan que «una parte significativa de estas pérdidas» deberían haberse reflejado en las cuentas de los ejercicios anteriores, si bien ello «no implica que el Banco Popular fuese inviable».

Con carácter previo a su exposición, el peritaje encargado por el juez Fernando Andreu -primer instructor de la causa- en 2017 avisa de que «dada la abundancia de documentación y la complejidad técnica de los temas», las conclusiones podrían variar en el futuro, una vez conozcan nueva información y las alegaciones de las partes.