La okupación de viviendas supone una pérdida de al menos 22 millones sólo en Madrid y Barcelona

La okupación de viviendas supone una devaluación media de 8 euros por metro cuadrado en Madrid y de 15 euros en Barcelona. Sumando únicamente ambas ciudades (de las que más datos para esta estimación se dispone), la okupación supondría una pérdida de 22 millones anuales, de acuerdo con un amplio estudio elaborado por la Fundación Civismo. Dicha estimación proviene del cálculo de las rentas que cesan de generar los propietarios por no disponer libremente de su inmueble al hallarse este okupado. La media empleada para ello es una vivienda de 70 metros cuadrados.

Más de un 30% de las casas okupadas pertenece a familias y esto tiene varios efectos directos sobre el tejido social: disminuye la seguridad jurídica del mercado de alquiler y de la venta de inmuebles. Se reduce la oferta de viviendas en alquiler, dificultando el acceso a una vivienda para aquellas personas con menos recursos. Aumenta el precio de las viviendas en venta en zonas con baja okupación, al producirse un éxodo de aquellas áreas de las ciudades con mayor presencia de este fenómeno. Se generaliza la inseguridad ciudadana en multitud de comunidades de vecinos y se dificulta enormemente el acceso a una vivienda de aquellas familias con menos recursos económicos.

Para calibrar el daño que la okupación causa sobre las familias, cabe resaltar el peso de la vivienda sobre los recursos de los hogares. Según el Balance Financiero elaborado por el Banco de España, más del 50% de la riqueza de la familia media española está constituido por el valor de la primera vivienda, con la segunda residencia alcanzando más del 24% de la riqueza de las familias. Por eso la okupación supone una amenaza tanto para los recursos de los hogares como para su futuro, tensionando el mercado de la vivienda y promoviendo la inseguridad ciudadana.

Además, se debe tener en cuenta que el coste de la okupación no se puede calcular de manera exacta únicamente a través de estas rentas, sino que se ha de incluir también el coste en términos de inseguridad jurídica en otros barrios e incluso en el conjunto de la ciudad. El principal mecanismo de transmisión a través del cual la okupación contribuye a incrementar el precio del alquiler es el efecto desincentivador que genera sobre la inversión en vivienda. La merma de la inversión se produce tanto en lo relativo a compra de inmuebles para poner en alquiler como sobre la rehabilitación de pisos ya en alquiler, deteriorando progresivamente el estado de las mismos. Este efecto es más pronunciado en aquellos barrios con mayor presencia de la okupación, que son precisamente los que registran una menor renta per cápita.

A la hora de analizar una posible inversión y calcular el valor de un activo existen multitud de incertidumbres a incluir en los cómputos. Dos de los  más relevantes son el riesgo de mercado y el riesgo país. Al tratarse de un activo como la vivienda, si la okupación resulta un fenómeno relevante para el país ésta afectará de manera directa al riesgo del mercado inmobiliario y al riesgo soberano, incrementando ambos y desincentivando posibles inversiones. En este sentido, un inversor en el mercado inmobiliario español que posea una cartera de inmuebles tendrá en cuanta el riesgo de que una proporción de ellos sean okupados y, en consecuencia, tratará de compensar las pérdidas generadas por dichos inmuebles a través de un cobro de mayores rentas en el resto de los inmuebles de la cartera.

La okupación -amparada por las políticas implementadas por algunos gobiernos autonómicos y municipales-, no ha hecho más que crecer, convirtiéndose no solo en una forma de acción política de algunos movimientos y partidos, sino en un elemento de inestabilidad social e inseguridad muy peligroso. Según cifras del Ministerio del Interior, del año 2015 a 2020 se paso de 10.376 denuncias anuales a cerca de 14.675, un incremento de más del 40% en menos de 5 años, contando además con el efecto de la pandemia sobre la reducción de la movilidad.

La Fundación Civismo propone un decálogo de medidas contra la okupación: aprobar una ley que permita el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas; aumentar las penas correspondientes al delito de usurpación de vivienda; prohibir que un inmueble que ha sido okupado puede ser considerado morada o domicilio; revocar la inscripción en el padrón municipal de cualquier okupa; crear un nuevo delito de instigación y apoyo a la okupación de viviendas; incrementar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias de la okupación; incrementar las ayudas a los propietarios de viviendas ocupadas desde las Administraciones Públicas;  introducir como delito tipificado la conexión ilegal a suministros básicos, como ocurre frecuentemente con la red eléctrica;  diseñar mecanismos legales y administrativos que permitan a las compañías suministradoras de servicios básicos resolver los contratos de suministros sin coste al hallarse la vivienda okupada y garantizar a través de una reforma legal que las comunidades de propietarios puedan ejercer acciones legales directas contra los okupas.