Los costes del intervencionismo cibernético

La revolución digital fue acogida por muchos liberales con los brazos abiertos. Superar los límites geográficos gracias al progreso tecnológico prometía ampliar los mercados, liberar recursos productivos de usos ineficientes, intensificar la división del trabajo y reducir el poder efectivo de los Estados como monopolistas territoriales de la violencia. «¿Qué relevancia puede tener, en la era digital, un leviatán cuya estructura fue construida hace aproximadamente cien años?», se preguntaba en 2011 el analista político Jeffrey Tucker, entonces director editorial del Ludwig von Mises Institute. 

Por mucho que la digitalización haya transformado la economía y sacudido a las viejas élites dirigentes, la política no se ha quedado al margen y, con el paso del tiempo, ha terminado por abrir nuevas fronteras de intervención. 

En países abiertamente autoritarios como China, Rusia o Irán -entre planes quinquenales enfocados en la IA, censura, bloqueos de redes sociales y apagones generales- vemos cómo esta política digital es cosa cotidiana. Sería ingenuo, sin embargo, pensar que se trate de un problema únicamente oriental.

En Europa, por ejemplo, las redes digitales están sometidas a la supervisión de más de 270 autoridades regulatorias, que a menudo obstaculizan el descubrimiento y la posterior comercialización de nuevas tecnologías económicas. Esto contribuye a fragmentar el mercado europeo de servicios y a crear un hábitat empresarial poco competitivo.

No es coincidencia que solo tres de las cincuenta principales empresas tecnológicas por capitalización de mercado tengan su sede en el continente: un factor que ayuda a explicar por qué aquí, desde 2010 hasta hoy, la productividad del trabajo ha crecido de forma modesta en comparación con otras regiones.

Con la llegada de la inteligencia artificial, el intervencionismo parece evolucionar hacia formas de penetración y control social aún más invasivas e imperceptibles. Desde las monedas digitales de los bancos centrales hasta los sistemas de identidad digital, la intención es llegar a sociedades cada vez más amorfas, indefensas y transparentes a ojos de quienes ejercen el poder, interviniendo no desde fuera, sino desde dentro, en la propia arquitectura decisional -normativa, fiscal y monetaria- del ordenamiento. En este sentido, lo que el economista británico de origen indio Deepak Lal (1982) llamaba «el dogma dirigista» ha adquirido, a través de la codificación y la programación algorítmica, nuevas dimensiones y pretensiones.

Dados los costes que siempre supone sustituir procesos descentralizados de coordinación y ajuste, que surgen de la propiedad privada y de la empresarialidad creativa de los seres humanos de a pie, por una administración centralizada e irresponsable de las cosas, la Fundación Jesús Huerta de Soto ha lanzado el Youth Liberty Prize: un concurso que invita a jóvenes menores de 25 años a reflexionar, a través del prisma de la Escuela Austriaca de Economía, sobre los riesgos del intervencionismo cibernético. 

Este concurso, que acaba de recibir el apoyo de Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, consiste en la redacción de un breve ensayo (de 2000 a 3000 palabras) sobre el tema: “Cuando el Estado escribe el código: ¿cómo impacta el intervencionismo digital en la perspectiva de la libertad?” Los tres primeros clasificados recibirán respectivamente 100.000, 25.000 y 10.000 euros, y serán invitados a intervenir en el décimo Congreso de Economía Austriaca de Madrid, que se celebrará del 21 al 23 de octubre de 2026 en la Universidad Rey Juan Carlos. Este contará con la participación de figuras de renombre internacional, entre las cuales destaca el presidente argentino Javier Milei. 

Algunos analistas, como el historiador Richard White de la Universidad de Stanford, ven en la economía digital el equivalente de la industria ferroviaria en la América de la segunda mitad del siglo XIX, y advierten sobre el regreso de un capitalismo desregulado, generador de desigualdades y conflictos. Sin embargo, viendo las cosas como son, el mundo que las élites progresistas intentan construir tiene poco en común con la Gilded Age.

Lo que se perfila es un entorno digitalizado e impersonal gestionado no por el sector privado, sino por el Estado a través de él. Y si hoy las big tech tienen cada vez más un papel político, la razón debe buscarse en el exceso, y no en la ausencia, de intervención pública. Es el intervencionismo el que expande el poder y lo lleva a fusionarse, para incidir más profundamente en el cuerpo social, con aquellas realidades privadas que, en cada época, resultan ser más influyentes, más expuestas y mejor organizadas. 

La historia, sin embargo, no está determinada fatalmente, sino que es fruto de un diálogo entre la providencia divina y la acción humana. Iniciativas como el Youth Liberty Prize nos recuerdan que cada generación está llamada a defender la libertad, a partir de las instituciones que, de forma silenciosa, la hacen posible. Esta partida está aún por jugarse. En palabras de Durov: «Lucha por la libertad y gana».