El nuevo impuesto de plusvalía municipal descoloca a los ciudadanos y a los ayuntamientos

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 07/12/2021 06:40
  • Actualizado: 07/12/2021 06:40

El pasado 8 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del impuesto de la plusvalía municipal, que permitirá al contribuyente elegir si paga por la ganancia real o por la resultante de aplicar el sistema objetivo. No obstante, el nuevo tributo sigue levantado polémica y generando importantes dudas entre los contribuyentes y los ayuntamientos. En el plano del contenido del impuesto «encontramos muchas carencias», explica a OKDIARIO David García, senior tax manager de Ayming, consultora especializada en innovación y fiscalidad.

En concreto, el experto asegura en el sistema objetivo de cálculo «se aplican unos coeficientes que no se corresponden con el valor real el mercado inmobiliario». En teoría, estos coeficientes se pueden adaptar por los ayuntamientos, que también tienen la potestad para reducir un 15% la carga de la base que lo va a regular. «Así que si estos coeficientes no se corresponden con el valor del mercado inmobiliario, no van a ser objetivos y se va a volver a producir lo mismo que pasaba antes», concreta García.

Además añade que el valor de cada activo en cada ayuntamiento es «completamente distinto». Con lo cual, si esos coeficientes genéricos no se adaptan por los ayuntamientos, se va a generar «una vía de conflicto bastante importante».

Concretamente, los ayuntamientos van a tener la capacidad de adaptar estos coeficientes según consideren. Y en este sentido, lo único que se sabe hasta el momento es que en la Ley de Presupuestos se marcarán unos coeficientes y si la ordenanza fiscal los supera, se aplicarán los de la Ley de PGE.

Ganancia real

En la otra forma de cálculo del impuesto, el sistema de ganancia real también existe un conflicto porque «no tiene en cuenta ni los gastos ni los tributos, tan sólo se basa en el precio de compra y de venta», afirma García. Además, para determinar el valor de suelo y el vuelo se calcula por el porcentaje que representa en el recibo del IBI, que en ocasiones tampoco refleja la realidad del mercado. Según los expertos, para que el cálculo fuese más real se tendrían que incluir los gastos.

Por todo esto, ya hay asociaciones que pretenden llevar el impuesto de plusvalía ante el Tribunal Europeo, también porque «las limitaciones que impone la sentencia del Tribunal Constitucional atenta contra la tutela judicial efectiva», recalca.

Al respecto el manager de Ayming recuerda que el contribuyente puede elegir la fórmula de cálculo más beneficiosa para él. «El primer sistema penaliza las ventas a corto plazo de uno a cinco años y empiezan a mejorar a partir de 2018. Mientras que el segundo sistema se basa en la ganancia real, aunque con matices», asegura.

Reclamaciones

El nuevo escenario legal del impuesto de plusvalía mantiene el horizonte de reclamaciones y litigios contra los ayuntamientos, tanto en lo que se refiere a los actuales como los futuros. Según Pablo Álvarez, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 14 de Madrid, “todas las liquidaciones del impuesto de plusvalía que se hayan recurrido hasta la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sí podrían prosperar, pero con fundamento en la jurisprudencia anterior”.

Álvarez también insiste en que “la nueva regulación del impuesto provocará litigios en el marco de las herencias”, en las que pueden cuestionarse los valores de las liquidaciones, especialmente en los casos en que se transmiten por “valores inferiores” debido al largo tiempo transcurrido desde la adquisición. Así, la liquidación de la Plusvalía en el marco de las sucesiones abre un escenario de litigios.

Posible impugnación

Por último, el sector coincide en que la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el nuevo impuesto de plusvalía municipal mediante decreto-ley «es de dudosa constitucionalidad», según la expertos del sector. «La técnica legislativa es muy cuestionable. Realmente la situación de necesidad no se cumple con este decreto ley, con lo cual se puede impugnar, porque no es la forma adecuada», asegura García.

Sin embargo, el Gobierno pretende evitar este escenario y el pasado 3 de diciembre consiguió en el Congreso el apoyo de sus socios para convalidar el decreto ley con la nueva formulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. El Ejecutivo no contó con los apoyos de PP y Vox, que creen que debería haberse suprimido tras la última sentencia del Tribunal Constitucional.