Las nuevas reglas fiscales de la UE imponen bajar el gasto para no subir los impuestos como hace Sánchez

Las nuevas reglas fiscales diseñadas por la Comisión Europea y pendientes todavía de aprobación estrecharán el cerco sobre el gasto excesivo de algunos gobiernos como el español, que estarán más monitorizados y vigilados y tendrán que presentar planes individualizados de corrección de su déficit y de los niveles de deuda pública. Por primera vez, el Ejecutivo comunitario solo excluye de los futuros recortes aquellos desembolsos que son ineludibles, como el pago de los intereses de la deuda pública y del seguro de desempleo, que está ligado al ciclo económico, depende de la evolución del mercado laboral y que hay atender obligatoriamente.

«Bruselas ha apostado claramente por reducir el gasto estructural de los países, y esto es una buena noticia», asegura Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos. «Esto va en la línea de lo que siempre mantuvo el premio Nobel de Economía -ya fallecido- Alberto Alesina en el sentido de que las consolidaciones fiscales, es decir, la reducción de déficit público es mejor hacerlas recortando el gasto en lugar de subir los impuestos. Bajando el gasto amplías el espacio para el sector privado y generas expectativas de crecimiento económico», apunta.

En cambio, la política desplegada por Sánchez desde que llegó a La Moncloa ha sido justamente al contrario. La presión fiscal ha superado por primera vez la media de la UE, los impuestos están en máximos, después de las subidas aprobadas de las cotizaciones sociales, en sociedades, y en el gravamen sobre las rentas del capital, así como la aparición de nuevos figuras tributarias como el impuesto sobre las compañías energéticas, las entidades financieras y las grandes fortunas. «El grave problema de esta estrategia es los impuestos altos matan la inversión, y al tiempo se han combinado con un gasto público excesivo», insiste Izquierdo.

A juicio de Ricardo Martínez-Rico, presidente de la consultora Equipo Económico, «las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea están orientadas a aumentar el crecimiento potencial de la economía así como a incrementar la eficiencia del gasto público, que sigue siendo la asignatura pendiente de este Gobierno». En su opinión, la apuesta es que «no se vuelva a recortar el déficit -que está en el 4% en términos estructurales, una cifra elevadísima- sobre la base de ingresos extraordinarios». Llevado a su extremo, «Bruselas está empujando a que antes de gastar y seguir amplificando el Estado de Bienestar se piense en la capacidad de recaudación con que se cuenta, y se procure no asfixiar la economía despilfarrando los recursos en gastos superfluos o improductivos».

Aunque la Comisión no ha renunciado a los objetivos numéricos del Plan de Estabilidad y Crecimiento, que abocan a un 3% de déficit y un 60% de deuda pública, ha flexibilizado la manera en cómo lograrlo, que ahora se conseguirá a través de planes individualizados por país en aquellos casos que plantean problemas más graves de sostenibilidad -Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica y Francia-. Los programas de ajuste excluirán, además del pago de los intereses y del seguro de desempleo, los fondos de ayuda europeos. Todos los expertos consultados ven con buenos ojos que Bruselas se centre con cada estado en negociar el techo de gasto de cara a conseguir una senda viable de cara al futuro, y consideran muy sensato el reforzamiento de las autoridades fiscales independientes, que en el caso de España viene siendo muy crítica con la política presupuestaria del Gobierno y discrepante sobre las previsiones de crecimiento en que se basan.