JP Morgan tilda el actual escenario en Cataluña de incierto y recomienda revisar la Constitución

JP Morgan señala una oferta de «mayor autonomía para Cataluña» y «quizás una revisión total de la Constitución» como dos ofertas que podrían ayudar a «reabrir el difícil canal de comunicación» entre el Estado y el gobierno autonómico, tras el 1 de octubre. La firma califica la situación actual como un escenario de «mucha incertidumbre», aunque cree que «la implementación del referéndum está muy en duda por razones logísticas». «En todo caso se podría producir de una forma moderada, con una participación limitada por la policía», subraya.

«Desde nuestra perspectiva, con más concesiones desde Madrid, Cataluña se acercaría al estatus de un Estado semi independiente en una federación, de manera que habría poco que ganar con un proyecto de secesión más allá de las señas simbólicas de la bandera y la ciudadanía», señala en un comunicado.

En la nota, firmada por el director ejecutivo de JP Morgan, Marco Protopapa, valora la iniciativa del Gobierno español de iniciar un «amplio diálogo» sobre el mecanismo de financiación autonómica a cambio de la desconvocatoria del referéndum y cree que «una tregua» aceptada por el gobierno autonómico «obviamente ayudaría a volver a la normalidad».

«Es una oferta que se basa en el reconocimiento de que la recuperación española y su mejor situación fiscal permite contemplar un margen de condiciones», señala.

Dicha tregua, según indica, debería ir acompañada de una restauración de la autonomía fiscal de la Generalitat de Catalunya y de la retirada de los cargos impuestos a los miembros del gobierno autonómico detenidos por participar en la organización de la consulta como «gesto de buena voluntad» del Gobierno.

A partir de aquí, según cree, se podría iniciar un proceso de negociación para estudiar una reforma de la estructura del Estado y el poder de las regiones que permitiera a Cataluña seguir formando parte de España, aunque advierte de que, de llevarse a cabo, «sería un proceso largo y las propuestas no llegarían antes de mediados de 2018, además de un posterior referéndum necesario para aprobar un cambio en la Constitución».

Además, aunque reconoce que era «recomendable» que la UE tratara la situación de enfrentamiento del gobierno regional con el Estado como un «asunto doméstico» y evitara interferir, cree que «una declaración muy clara después del 1 de octubre podría ayudar a reabrir la búsqueda de un compromiso de solución en el perímetro de la legalidad española».

«Por ejemplo, la UE podría declarar firmemente en un comunicado oficial que una Cataluña independiente, sin importar cómo, se relegaría a sí misma de facto fuera de la Unión Europea y del Espacio Euro. Dado que el lado catalán ha tendido a evitar confrontar las consecuencias económicas de la independencia, una declaración así, a nuestro juicio, forzaría al debate a centrarse en la disrupción que causaría el ‘Catexit’», afirma.

Además, pide «un nuevo paso político» en Cataluña tras el 1 de octubre para «rebajar una tensión» que prevé «creciente» por lo menos hasta esa fecha. En este sentido, cree que unas elecciones autonómicas permitirían «ganar tiempo» para la negociación y «abrir una ventana a la oportunidad de reconstruir un canal de comunicación tras el actual enfrentamiento».