El impacto en las pymes y autonómos de la morosidad de las Administraciones Públicas

Las distintas Administraciones Públicas tienen un papel muy relevante en el funcionamiento general de la economía. En el contexto actual del Estado del Bienestar, recaudan una gran cantidad de dinero mediante impuestos que, después, se «devuelven» a la ciudadanía en forma de gasto social e inversiones. En este último caso, se prestan una serie de servicios para los cuales se precisa una empresa que los desarrolle. Muchas de éstas son pymes, que tienen como una de sus principales fuentes de ingreso el sector público.

¿Con qué problemas se encuentran las pymes?

En general, una de las principales preocupaciones de las pymes recae en la posibilidad de cobrar el trabajo realizado en el menor plazo posible y evitar la morosidad de sus pagadores. De esta forma, disponen de efectivo para proseguir su actividad. Ahora bien, en algunos casos, este plazo de cobro es mucho mayor del deseado, hecho que dificulta su sostenibilidad y crecimiento.

En ese sentido, la Comisión Europea ha advertido a cuatro estados europeos, entre ellos el español, conforme están incumpliendo la normativa europea sobre morosidad, que obliga a pagar en como máximo treinta días a aquellas empresas que tengan alguna relación con la Administración. Esta Directiva se creó con la finalidad de atajar la morosidad existente, pero en España, Italia, Grecia y Eslovaquia los plazos se incumplen de forma sistemática.

En caso que estos cuatro estados no hayan presentado en menos de dos meses un plan para solucionar tal problema, corren el riesgo de ser llevados ante los tribunales europeos.

¿Qué impacto tiene esta situación sobre las pymes?

El incumplimiento de tal Directiva por parte de las Administraciones Públicas perjudica gravemente a las pymes en varios aspectos:

• Falta de circulante: si el plazo de pago es menor al de cobro, aunque la empresa disponga de clientes, no tendrá el efectivo necesario para pagar a los proveedores.

• Necesidad de endeudamiento: dado que no disponen de líquido para hacer efectivos los distintos pagos de la actividad, las empresas se ven obligadas a pedir financiación a corto plazo mediante créditos o parecidos, hecho que les obliga a afrontar unos considerables gastos financieros.

• Pérdida de posibles inversiones: se dificulta la generación de nuevas empresas por la complejidad que implica no tener la seguridad de poder cobrar en el mismo plazo que lo hacen los competidores europeos.

• Falta de credibilidad y confiabilidad en el propio país: si ni tan siquiera la Administración, que debería de ser un reflejo de la fortaleza e imagen de un país, cumple con sus propias empresas con las que tiene relación, es complicado pensar que, en general, el funcionamiento de la economía es ágil y propicio para invertir.