Los grandes bancos españoles denuncian la presión fiscal: hasta el 37% del beneficio se va en impuestos

Las críticas respecto al aumento de la presión regulatoria y fiscal sobre el sector financiero ya no es sólo cosa de los grandes bancos. El excesivo gasto impositivo ahoga a la economía en general y, lo que antes afectaba sólo a la banca tradicional, se extiende ahora a neobancos y roboadvisor. 

En términos de regulación, España no está al margen del resto de Europa, en cambio, en materia fiscal España mantiene una presión diferencial. El país ha pasado de un gravamen temporal a un impuesto integrado en el sistema tributario. 

Este impuesto se suma al Impuesto sobre Sociedades y a otras cargas propias de una actividad muy regulada, como las aportaciones a fondos de garantía o las tasas supervisoras.

Aunque España no es el único país que grava al sector, presenta grandes diferencias en el diseño concreto del impuesto, en la base sobre la que se aplica y en el riesgo de que una figura inicialmente extraordinaria se consolide en la planificación fiscal del sector.

El tipo impositivo asciende hasta el 7%

En el caso español, lo más relevante es que el impuesto no se calcula sobre el beneficio neto final de la entidad, sino sobre el margen positivo de intereses y comisiones.

Esto hace que su impacto no dependa directamente de la rentabilidad final del banco y que pueda pesar incluso cuando aumentan los costes operativos, la inversión tecnológica o las provisiones por riesgo.

Entre los afectados están BBVA, Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y BNP Paribas. El importe de la prestación a satisfacer se calcula aplicando el 4,8% sobre el margen de los intereses y comisiones obtenidos durante el ejercicio anterior.

En el caso de Bankinter, por ejemplo, el tipo impositivo sobre el papel es del 4,8%, pero para los más grandes se puede elevar hasta el 7%, mientras que para los más pequeños el límite está en el 1%.

Ante este panorama, las críticas empiezan a llegar. Recientemente el propio presidente de Unicaja, José Sevilla, ha criticado el «elevado impuesto» a la banca.

Sobre todo si se tiene en cuenta el impuesto de sociedades; el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones; el impuesto sobre los depósitos; los gravámenes y el IVA soportado, que no es deducible.

Como resultado Unicaja abonó unos 371 millones de euros en el pasado ejercicio, «cantidad que supone el 37% del beneficio antes de impuestos».

El problema ya no es sólo para los grandes bancos, la presión fiscal ya es un problema estructural. La propia presidenta de la AEB,  Alejandra Kindelán, denuncia que España es el único país que plantea un impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca. 

La presidenta asegura que el impuesto tiene muchos defectos de forma, por lo que van a recurrir a este impuesto hasta su extinción.

Kindelán ha criticado duramente el impuesto extraordinario al aplicarse en un contexto de enormes riesgos geopolíticos y económicos en el que los bancos necesitan un alto nivel de solvencia para afrontar esos riesgos.

Además desde la patronal bancaria advierten de que el impuesto a la banca va a reducir el crédito a empresas y a las familias en 50.000 millones de euros. 

Efectos de una carga fiscal alta

Pablo Vega, experto en finanzas de Roams, señala que una fiscalidad elevada sobre la banca no se traslada al cliente de forma automática, pero sí puede condicionar las decisiones comerciales de las entidades. 

El impacto no suele aparecer como una comisión nueva claramente identificable, sino de forma más indirecta: hipotecas menos competitivas, préstamos con menor margen de negociación, más exigencias de vinculación, peor remuneración del ahorro o una política de riesgos más selectiva.

Hasta ahora los beneficios han sido récord y la banca ha tenido más capacidad para absorber ese coste sin hacerlo visible de forma directa para el cliente.

Pero si el ciclo se vuelve menos favorable, por tipos más inciertos, mayor competencia por depósitos, aumento de la morosidad o desaceleración económica, el margen para absorberlo sin tocar condiciones comerciales puede ser menor.

Qué impuestos paga el inversor

Algunos impuestos también afectan a los inversores. En este sentido desde Inverco aconsejan incorporar incentivos fiscales «atractivos» cuando existan compromisos de inversión en activos europeos a largo plazo y que sean coherentes con el marco tributario español.

Además, añade: «Los incentivos deben poder aplicarse directamente a la inversión en productos idóneos para canalizar el ahorro, sin imponer estructuras adicionales que añadan costes o complejidad para el inversor.

Para Inverco, un modelo eficiente de ahorro e inversión debería favorecer «una experiencia de inversión ágil y sencilla», también desde el punto de la fiscalidad.

El beneficio de los depósitos, las cuentas remuneradas o incluso las letras, forman parte de los rendimientos de capital mobiliario y, como el resto de rentas del ahorro, tributa a un tipo entre el 19% y el 30%.

Aunque en primera instancia se informe de una retención del 19%, la realidad es que basta con aumentar ligeramente las ganancias para pasar al siguiente tramo. En el caso de las acciones, Hacienda se queda con hasta un 30% del rendimiento.