El Gobierno reconoce que al trasladar las empresas el alza del SMI a los precios crecerá la inflación

El Gobierno reconoce que el aumento del 8% del Salario Mínimo Interprofesional decidido de manera unilateral por el presidente Sánchez, y que se aprobará en un próximo Consejo de Ministros, supone un alza de los costes salariales que las empresas pueden trasladar a los precios empujando hacia arriba la inflación, ahora situada en el 5,8% en lo que respecta a la tasa general, pero amenazada por un índice subyacente -que descuenta el impacto de los alimentos sin elaborar y de la energía- que ha alcanzado la cota del 7,5%, la más elevada de la Unión Europea.

Estas conclusiones aparecen en la memoria elaborada por el Ministerio de la Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y que acompaña al proyecto de decreto ley que será validada en breve por el Ejecutivo. Irónicamente, esta clase de apreciaciones coincide con las quejas expuestas por el conjunto de las organizaciones empresariales, que ha remarcado que la subida del salario legal supone un impacto sobre la demanda real, presiona sobre los precios, eleva notablemente los costes que padecen las compañías y provocará sin duda efectos de segunda ronda, contaminando las subidas salariales del resto de los segmentos de actividad económica.

Como además la decisión ha sido adoptada de manera unilateral, sin tener en cuenta a los empresarios, lo que supone una contradicción en toda regla  con los mensajes de  la vicepresidenta Calviño en el sentido de llegar a un pacto de rentas que palíe los riesgos de inflación, el aumento desordenado del salario mínimo, impuesto como un trágala, se trasladará al conjunto del sistema productivo, y esto constituye un quebradero de cabeza para el Banco Central Europeo -que intenta combatir la escalada de precios endureciendo su política monetaria y elevando por  un tiempo prolongado los tipos de interés-.

En la memoria de la Seguridad Social aportada por el Ministerio de Escrivá se recoge que, tras las últimas subidas del SMI, España se sitúa en la parte alta del grupo medio de la UE, acorde con su PIB per cápita, así como que su evolución ha sido más favorable que en muchos estados europeos, con un incremento acumulado del SMI del 60,3 % entre 2009 y 2022, un crecimiento mayor que en la mayoría de los países de nivel alto. Sólo contando este último periodo de mandato socialista, el salario legal se ha elevado un 47% desde que gobierna Sánchez.

Paradójicamente, esta circunstancia que aduce el Ejecutivo para remarcar sus «avances sociales» es la que más críticas concita entre los empresarios, cuya opinión es que su efecto acumulativo de los aumentos del SMI son incompatibles con la situación actual de la economía: un crecimiento mediocre -que se situará con suerte en torno al 1% este año-, una inflación que sigue fuera de control y la tasa de paro más elevada de la zona euro, rozando el 13%, es decir, más del doble.  A su juicio, el incremento de los costes que entraña para las empresas ataca claramente la competitividad de la economía y complicará la búsqueda de empleo y el ingreso de los parados o de los inactivos en el mercado laboral legal.

En descargo de los efectos negativos que el Gobierno prevé con el aumento del SMI, en términos de incremento de los costes empresariales y su seguro traslado a los precios, la memoria de la Seguridad Social señala que estos impactos «pueden verse contrarrestados con el aumento de la demanda provocado por una mayor disponibilidad de ingresos de los trabajadores con sueldos bajos, lo que beneficiaría al consumo, al ahorro y, por tanto, a la demanda agregada», olvidando que esta clase de fenómenos también contribuirán a elevar la inflación que el Gobierno pretende mantener bajo control y que el BCE está dispuesta a cortar de raíz con subidas ininterrumpidas de tipos de interés que complicarán la financiación de las compañías, elevarán el precio de los préstamos al consumo y encarecerán notablemente las cuotas hipotecarias.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme emitió ayer un comunicado tremendamente crítico con la subida del SMI, que a su juicio rompe el principio de vinculación de los sueldos a la productividad que marca el Estatuto de los Trabajadores. «El salario legal ha aumentado un 64,8% desde 2016, de 655 euros mensuales en 14 pagas a 1.080 euros en 2023. En el mismo periodo, la productividad de las pequeñas y medianas empresas, medida en términos de ventas reales por ocupado y ajustadas a la inflación, ha caído un 3,6%; y la productividad total de la economía ha descendido aún más: el 4,9%». Este contrasentido perjudicará aún más en el futuro la viabilidad de las pymes, insiste la organización empresarial.

Cepyme añade que la subida para 2023, de 80 euros al mes, 1.120 euros al año, se amplifica con las cotizaciones a un sobrecoste anual para el empresario de 1.485,68 euros en 2023, aclara que el aumento del salario mínimo afecta al 40% de las pequeñas y medianas empresas, frente al 15% del total de compañías españolas, y que el alza del SMI perjudica a los colectivos que más difícil acceso tienen al mercado laboral: los de baja cualificación, los jóvenes y las mujeres.