El Gobierno quitó el ingreso mínimo y reclamó el reintegro de la ayuda a más de 75.000 familias en 2024

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 23/02/2026 05:45
  • Actualizado: 23/02/2026 05:45

Más de 75.000 familias dejaron de cobrar el ingreso mínimo vital (IMV) en 2024 por el cruce de rentas que realiza la Seguridad Social con la Agencia Tributaria dos veces al año para revisar las rentas que han tenido los perceptores de esta prestación. En concreto, el 12% de la nómina de las familias que cobraban el ingreso mínimo a junio de 2024, según datos de la AIReF: un total 625.382 hogares.

Según este organismo, en 2022 ese porcentaje ascendió al 16% del total y en 2023, al 7%. Dejar de cobrar el ingreso mínimo vital, considerada la medida estrella del llamado escudo social del Gobierno, tras una revisión por parte de la Seguridad Social implica que la familia en cuestión recibe la reclamación por parte del departamento que preside Elma Saiz de devolución de las cantidades cobradas de más.

Es lo que se llaman cobros indebidos del ingreso mínimo y la consecuencia es que generan una deuda en familias ya de por sí vulnerables. Una deuda que no pueden pagar porque se han quedado sin la ayuda y, en muchos casos, se encuentran en paro y con hijos pequeños a cargo.

Según los datos recopilados por la AIReF, la cantidad mediana que sale de la revisión de los datos que hace la Seguridad Social es de 2.615 euros por familia, cantidad que le reclama el Gobierno y que le genera una deuda de la que son responsables hasta los menores de edad, como denuncia la Plataforma de Afectados por los cobros indebidos del ingreso mínimo.

Además, la devolución de los cobros indebidos por parte del Gobierno va acompañada de la reclamación de intereses de demora en caso de que la familia no pueda devolver esas cantidades reclamadas, que es en muchos casos, ya que se trata de familias en situación de vulnerabilidad.

Los miles de afectados por esta situación se han organizado y han denunciado a España en Bruselas por incumplir la Carta Social Europea. Las autoridades comunitarias están investigando el caso y su sentencia será de obligado cumplimiento para el Ejecutivo.

También el Defensor del Pueblo español, el ex ministro socialista Ángel Gabilondo, ha entrado en este asunto y ha pedido al Gobierno una solución «a la vista del incremento de procedimientos de reintegro de prestaciones indebidas, en particular cuando se trata de prestaciones reconocidas por error de la propia Administración y de la vulnerabilidad económica y social a la que pueden conducir los mismos», según explicó en una misiva a los afectados.

La respuesta del Gobierno es que ha pasado de revisar los datos de ingresos de las familias una vez al año a dos veces al año, lo que evita que las reclamaciones en caso de cobros indebidos se alargue en el tiempo y suba la cantidad reclamada.

Aún así, miles de afectados se quedan en una situación todavía más vulnerable que antes de recibir el ingreso mínimo por la deuda que les genera, que en muchos se debe a errores de la Administración. Por ejemplo, a la hora de contabilizar los ingresos de los matrimonios divorciados o al calcular el patrimonio total de la familia.

La propia AIReF señala en su último informe sobre el ingreso mínimo que este funcionamiento «limita la capacidad de los hogares para planificar su consumo y asegurar la cobertura de necesidades básicas». «En este contexto, la persistencia de estas oscilaciones puede menoscabar la eficacia del ingreso mínimo como instrumento de mitigación del riesgo de pobreza y exclusión social, al comprometer la estabilidad y previsibilidad que resultan esenciales para el adecuado funcionamiento de la prestación», advierte.