El Gobierno quiere apropiarse del superávit de los ayuntamientos para pagar su plan de reconstrucción

El Gobierno, que en Cataluña o en el País Vasco -donde están algunos de sus socios fundamentales de la legislatura- sí apuesta en el discurso público por la descentralización, parece que no es demasiado partidario del municipalismo. Al menos eso se puede dilucidar de algunas de las últimas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en un debate en el Congreso de los Diputados dijo que «el dinero del Gobierno de España es de todos, el de las corporaciones locales es de todos los ciudadanos, igual que el de las comunidades» «Se pagan con los mismos impuestos», avisó.

El relato de la encargada de velar por las cuentas públicas fue el siguiente: que los ayuntamientos deberían aportar sus recursos y ahorros «al gran pacto por la reconstrucción» y que, además, se fijen unas prioridades para que las administraciones gasten e inviertan según sus competencias sin solaparse. Es decir, una tutela en toda regla.

«Esto no es tan simple como decir que cada uno utilice sus recursos y el que no los tiene que se busque la vida», apuntó además Montero sobre los ahorros municipales. Montero se mostró muy combativa contra la idea de que «el dinero de cada uno es de cada uno» y ha dicho que si se viera así el Gobierno no hubiera creado un fondo de 16.000 millones para las comunidades.

La portavoz del Gobierno ya se había enfrentado en varias ocasiones a las administraciones territoriales, especialmente a las gobernadas por el PP, por bajar los impuestos, aunque no se ha mostrado nunca contraria, en sus declaraciones públicas, a las subidas.

A su juicio, esos remanentes municipales y ese superávit no se deben llamar ahorros, porque no se han obtenido de forma «voluntaria», por decisión de los ayuntamientos, sino por la obligación de cumplir las exigencias de la Ley de Estabilidad. Es decir, que si el ahorro no se produce de forma voluntaria no es ahorro y el Gobierno puede disponer más fácilmente de esos fondos que salen del dinero de los contribuyentes de cada municipio.

Montero dijo que sería bueno abrir un debate en el Congreso sobre competencias y recursos, sobre quién hace qué, para evitar duplicidades y solapamientos. Por ejemplo, se ha preguntado si tiene sentido que otra administración de liquidez al tejido empresarial cuando lo está haciendo el Estado, o si es mejor que dedique ese dinero a otros fines. En otras palabras, que el Gobierno -que ha experimentado en los últimos meses el poder que tiene declarar el estado de alarma en el país- parece sugerir que no le importaría limitar las competencias municipales, dado que hay muchos consistorios como por ejemplo Madrid que han impulsado rebajas fiscales pese a que el Ejecutivo de Sánchez no lo ha hecho.

«Eso es sentido común, que todas las administraciones discutamos prioridades, la mejor posición de cada uno para hacer uso de las competencias y usemos los recursos y con el fin último de mejorar la vida de los ciudadanos», afirmó.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende reunirse con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para decidir cómo se distribuye el superávit que tienen muchos consistorios, informa Europa Press.

«No se habla de quitar nada a nadie, propongo un gran pacto de reconstrucción y ponernos de acuerdo en prioridades, ver qué administración tiene mejores capacidades o posibilidades de ejecutar planes», dijo Montero, aunque de sus palabras se desprendía que quiere eliminar algunas competencias o tutelar qué hacen los ayuntamientos con el superávit que obtienen.