El Gobierno modifica la ley de sociedades de capital para promover la implicación de los accionistas

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que modifica la disposición sobre las sociedades de capital, que busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y facilitar el acceso a la financiación a estas empresas, con medidas como la introducción de acciones de lealtad, el derecho a identificar a los accionistas o la supresión de la obligación de elaborar informes financieros trimestrales.

Así lo ha informado la ministra portavoz María Jesús Montero, que ha explicado que se trata de una transposición parcial de la directiva comunitaria 828/2017, que cuenta con el informe del Consejo de Estado y de la que ya fue informado el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado mes de marzo.

Su objetivo es mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo, lo que «va a contribuir a sostener el crecimiento económico, así como la creación de empleo y de valor para el conjunto de las sociedades», ha asegurado Montero.

Aumentar la competitividad del mercado

Para ello, el proyecto de ley, que será remitido a las Cortes Generales, introduce modificaciones en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en España, aumenta la competitividad del mercado español de capitales manteniendo la protección de los inversores y adapta la publicación de información a la normativa europea.

Para reforzar la vinculación a largo plazo de los accionistas, el proyecto introduce las denominadas «acciones de lealtad», de manera que los accionistas pueden otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante un mínimo de dos años.

Otra medida que recoge es el derecho de las cotizadas a identificar a los accionistas para facilitar su participación activa y su implicación en el desarrollo de la sociedad. Igualmente, se obliga a las instituciones de inversión colectiva (IIC) a hacer pública su estrategia de inversión en las sociedades cotizadas, explicando cómo estas estrategias contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas.

Por primera vez se regula la figura de los asesores de voto o ‘proxy advisors’, entidades que prestan servicio de asesoramiento a inversores en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones, estableciendo la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos.

Transparencia

Por otra parte, se incrementa la transparencia de las operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses, se regula con mayor detalle el contenido que tiene que incluir la política de remuneración de los miembros del consejo de administración y se suprime la obligación de elaborar informes financieros trimestrales a las sociedades cotizadas, ya que esta obligación «podría incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones», según el Ministerio de Asuntos Económicos, cartera de Nadia Calviño.

Por otra parte, el proyecto de ley adapta a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración y publicación de folleto informativo, fijándose en ocho millones de euros.

Sin embargo, se conserva el umbral de cinco millones para las emisiones de entidades de crédito y la posibilidad de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pueda exigir la publicación de un folleto si lo considera oportuno por las características de la emisión.

Ampliaciones de capital 

Finalmente, se flexibilizan y agilizan los trámites para facilitar las ampliaciones de capital, ajustando los costes y garantizando la protección del accionista en general y del minoritario en particular. Según Economía, esta modificación facilitará que las empresas puedan financiarse en los mercados de capitales de forma más eficiente.

El texto ha sido trabajado conjuntamente entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el Ministerio de Justicia y tendrá «importantes repercusiones positivas en la sostenibilidad de las empresas, el bienestar de los trabajadores y la competitividad de los mercados», según ha apuntado la ministra portavoz.