El Gobierno embarga la casa a una discapacitada vulnerable a la que reclama 23.000 € del ingreso mínimo

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 11/05/2026 05:45
  • Actualizado: 11/05/2026 05:45

El Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha comunicado a una perceptora del ingreso mínimo que ha procedido a embargar su casa por no haber devuelto en tiempo y forma los 23.000 euros que le reclama por cobros indebidos del ingreso mínimo -17.000 euros de principal y el resto de recargos e intereses-.

La Seguridad Social no ha frenado el proceso pese a que la perceptora tiene reconocida una discapacidad mental y física de casi el 50% y, además, la condición de estar en vulnerabilidad o riesgo de exclusión por la Diputación de Córdoba. Ahora, queda al borde del desahucio, a la espera de ver si su recurso tiene éxito.

Además, la afectada -que prefiere mantener el anonimato- asegura que el origen de la reclamación es un error de la Administración, que le concedió el ingreso mínimo sin ella solicitarlo al tener un menor en casa. «No comprendo las cartas que me envían, no sé defenderme y no puedo pagar un abogado. Ahora tengo uno de oficio», explica ella a este diario.

«No puedo pagar la deuda. Se equivocaron ellos y no puedo pagar. He tenido que pedir de nuevo el ingreso mínimo para cobrar algo porque no teníamos mi hermana y yo ni para pagar las facturas. Ahora entre una pensión de mi hermana y el ingreso mínimo no llegamos. O comemos y pagamos las facturas diarias o abonamos la deuda», explica la afectada a este diario.

La afectada ha presentado un recurso de alzada a la Tesorería de la Seguridad Social para frenar el embargo de su casa alegando «falta de adecuada motivación del acto administrativo», «disconformidad con la cuantía reclamada» y «posibles defectos en el procedimiento de apremio».

Éste no es un caso aislado. Los afectados por reclamaciones de cobros indebidos del ingreso mínimo se cuentan por cientos de miles, algo que también ha admitido el propio Gobierno al Defensor del Pueblo -ha cifrado las reclamaciones en 500 millones de euros hasta 2023-. Se han agrupado en una asociación de afectados y han denunciado al Gobierno con la ayuda de la ONG ATD Cuarto Mundo ante Bruselas por incumplir la Carta Social europea.

Desde esta asociación explican que todo se inició por un error de la Administración. «El ingreso mínimo le fue concedido de oficio en junio de 2020, sin pedirlo. Sin embargo, tras una revisión posterior, la Seguridad Social ha determinado la existencia de cobros indebidos derivados de un cambio en la unidad de convivencia ocurrido en diciembre de 2019, circunstancia que no fue tenida en cuenta por la propia Administración en el momento de reconocer la prestación», explican.

El Gobierno presume cada mes de las cifras del ingreso mínimo, que ya llega a casi 850.000 hogares, según destaca la Seguridad Social. Sin embargo, hay muchos hogares que están sufriendo la persecución del Gobierno porque, en la posterior revisión con Hacienda de los ingresos de cada hogar, se detecta que han superado el mínimo de ingresos anuales exigidos.

El problema es que en muchos casos eso se produce por errores de la Administración. Este diario publicó un caso en el que le reclamaban la devolución del ingreso mínimo porque superaba el patrimonio exigido pero contaban su vivienda habitual, algo que queda fuera del cómputo según la ley.

El Ejecutivo ha tratado de reducir el impacto de esas revisiones con Hacienda y ahora hace dos al año, para que, en caso de tener que reclamar la devolución, la deuda no sea abultada. Pero los afectados piden más, que no se exija la devolución en caso de que los afectados queden en situación de vulnerabilidad, algo que apoya el Defensor del Pueblo. Pero el Gobierno no ha accedido a nada y sigue reclamando la devolución del ingreso mínimo sin tener en cuenta cómo queda la unidad familiar afectada.