El Gobierno sufre su falta de apoyos para gobernar y aplaza a septiembre el real decreto de vivienda
El Gobierno no aprobará este martes el real decreto como tenía previsto
El Gobierno ha constatado una vez más que no tiene apoyos en el Congreso para gobernar y sacar adelante leyes. El Ejecutivo ha acordado retrasar la aprobación del real decreto de vivienda al mes de septiembre para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias, según han informado este lunes en fuentes del Ministerio que lidera Isabel Rodríguez.
De esta forma, dicho real decreto no irá al Consejo de Ministros de este martes y se intentará aprobar tras el verano.
Tras semanas intensas de negociación, el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo «amplio y transversal» para sacar adelante un «ambicioso» paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible.
«La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto», han explicado las mismas fuentes.
Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática.
El borrador de decreto abarca propuestas de los distintos grupos parlamentarios: desde la prórroga de los contratos de alquiler de la que Sumar ha hecho bandera, hasta la reforma de la ley del suelo que anhelan PSOE y PNV, las bonificaciones fiscales de Junts y la suspensión de desahucios de Podemos.
El Ejecutivo ha trabajado durante semanas con la idea de armar un decreto «transversal», en el que todos los grupos se sientan representados, a cambio de que todos acepten medidas con las que no están de acuerdo, para garantizarse su convalidación en el Congreso.
Fue en junio cuando el Ministerio de Vivienda constató que los partidos del llamado ‘bloque de investidura’ estaban dispuestos a ceder, presionados por la calle y por sus respectivos electorados, que les exigen soluciones ante una de las peores crisis de acceso a la vivienda que ha conocido España.
El punto de inflexión lo marcó la derogación parlamentaria, el 28 de abril, del decreto que Sumar había forzado a aprobar al PSOE en el Consejo de Ministros, para prorrogar dos años más los contratos de arrendamiento que vencieran este año y topar al 2 % la actualización anual de rentas.
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