Economía
Glovo

Glovo cambia de modelo y contratará a sus repartidores en España antes del juicio por falsos autónomos

Se produce después de que el consejero delegado de Glovo fuera acusado de trabajar con falsos autónomos

La plataforma de reparto a domicilio Glovo ha decidido cambiar su modelo de trabajo en España que permitirá a la compañía de delivery operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, según ha anunciado este lunes la compañía, que explica su decisión como parte de su «firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país». Este cambio se produce un día antes de que el consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, tenga que prestar declatación por ser acusado de trabajar con falsos autónomos.

Glovo, en 900 ciudades

El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación.

En este sentido, la empresa ha asegurado que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.

En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

 Imputado el consejero delegado

La decisión se produce después de que la fiscalía haya acusado al consejero delegado y fundador del grupo, Óscar Pierre, que está citado como imputado para declarar mañana ante el jueza, de mantener a los repartidores bajo un modelo de falsos autónomos pese a la Ley Rider y el fallo del Tribunal Supremo, que lo prohibió ya en 2020. El ministerio público consideró «indiscutible» que los riders son empleados por cuenta ajena, por lo que pidió la imputación de Pierre, que podría enfrentarse a un pena de hasta seis años de prisión.