La fiscal de Acuamed evita peritar una adjudicación que implica a una de las denunciantes del caso
La fiscal del 'caso Acuamed', Inmaculada Violán, ha pedido que se periten todas las adjudicaciones bajo sospecha de corrupción incluidas en el proceso salvo una. Solo ha dejado fuera una de entre las de más cuantía. Se trata de las conducciones hasta los regantes de la desaladora de El Campello y Mutxamel, una obra de más de nueve millones de euros incluida en el sumario del caso y de la que la fiscal no ha pedido el peritaje, clave para determinar si la ex cúpula de Acuamed infló los precios de las obras.
Las sospechas en torno a todo lo que rodea al ‘caso Acuamed’, donde se juzga a la ex cúpula de la empresa por supuestamente inflar el precio de las obras a cambio de sobornos, crecen según avanza la instrucción del proceso en la Audiencia Nacional. O, más bien, según no avanza.
Porque, cuatro años después de iniciadas las investigaciones por parte de la Guardia Civil, todavía no ha empezado el peritaje de las adjudicaciones bajo sospecha de corrupción. Cuatro años. El peritaje es clave para determinar el precio de las obras y poder acusar a la ex cúpula de la empresa -imputada en el caso- si realmente las infló.
Pero no solo eso. La fiscal del caso, Inmaculada Violán, solicitó en diciembre de 2017 el peritaje de todas las adjudicaciones importantes bajo sospecha salvo una: las conducciones del agua de la desaladora de El Campello y Mutxamel hasta los regantes. Al margen del hecho de que, aún hoy, no haya empezado ese peritaje, la pregunta es evidente: ¿por qué? ¿Por qué la fiscal ordena peritar todas las adjudicaciones menos una?
Se da la circunstancia de que las defensas de los acusados, alertados por este hecho, solicitaron al juez instructor, Manuel García Castellón, que ordenara a los ingenieros peritar también la desaladora de El Campello. El magistrado aceptó y dio la orden mediante una resolución. Sin embargo, los peritos han establecido ahora un calendario para investigar las obras en el que sigue sin aparecer la de El Campello. Pese a ordenarlo el juez.
El juez levanta el teléfono
La situación es tan sorprendentemente extraña que el propio magistrado, en un hecho insólito en un proceso judicial, ha tenido que llamar por teléfono el 27 de mayo, el lunes pasado, a los peritos para preguntarles expresamente por el trabajo que estaban haciendo.
Según un correo electrónico del perito que recibió la llamada del juez, incorporado a la causa, éste explicó al magistrado que «en cuanto al contenido de la Pericial, salvo que por parte de ese Juzgado se nos indique algo en contrario, la intención de estos Peritos ha sido siempre ajustarse a lo dicho en el escrito de fecha 14 de diciembre de 2017 que, por parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción, se envió a ese Juzgado y que fue el primer documento que estos Peritos tuvimos como guía de la Pericial que nos ocupa». El escrito del 14 de diciembre de 2017 es el de la fiscal del caso que no incluía la adjudicación de El Campello.
Por lo tanto, los peritos, contratados por el actual Gobierno de Pedro Sánchez -el PSOE utilizó el ‘caso Acuamed’ para desgastar a Mariano Rajoy- y en permanente contacto con la Fiscalía, admiten ante el juez, que ha tenido que llamarles por teléfono personalmente, que no están siguiendo sus órdenes y que nunca han tenido la intención de peritar la obra de El Campello pese a que lo había ordenado en una resolución judicial.
¿Qué ocurre en esa obra?
Pero, ¿qué ocurre en esta adjudicación para que la fiscal evite peritarla? ¿Y por qué los peritos contratados por el PSOE no siguen las órdenes del juez? De acuerdo con varios documentos incluidos en el sumario del caso, la figura de Gracia Ballesteros aparece como clave. Ballesteros es una de los tres directivos de Acuamed que han denunciado las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la ex cúpula de la firma y que son el origen de este proceso judicial.
Esos documentos apuntan a que en la adjudicación de las conducciones de la desaladora de El Campello, en 2014, Gracia Ballesteros -entonces gerente territorial de Acuamed- cambió las puntuaciones de las empresas oferentes disparando las de una compañía en concreto, Contratas Vilor. En la primera puntuación, la oferta de Vilor -una pequeña constructora- quedó en sexto lugar con una puntuación de 15,3 puntos sobre 20 -como se ve en la imagen-.
Según explica en una nota interna el ingeniero de Acuamed que hizo el primer informe, David Soriano, un mes después recibió de su superior, Gracia Ballesteros, un nuevo informe con las puntuaciones corregidas. «Cambiaron 12 de las 45 puntuaciones», dice la nota. En ese segundo informe, Contratas Vilor había subido al primer puesto, con Acciona, y tenía una puntuación de 20 puntos sobre 20 -como se ve en la imagen-.
Por lo tanto, las pruebas apuntan a que Ballesteros cambió la puntuación elevando a Contratas Vilor al primer puesto, con la máxima nota posible. La siguiente pregunta también es obvia: ¿Quién es Contratas Vilor? Se da la circunstancia de que Gracia Ballesteros ha sido recientemente imputada en el mismo caso Acuamed por hacer supuestamente lo mismo que ella denunció a sus superiores y que dio origen a este caso.
Según el escrito de acusación que la imputa, Ballesteros prevaricó y favoreció a una empresa concreta en la adjudicación de los ‘Trabajos de implantación del Plan de Emergencia de la balsa de regulación del Río Belcaire 0B/02/13’. Esa empresa concreta es Contratas Vilor. Ballesteros tendrá que declarar como imputada -investigada- este 10 de junio.
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