La Justicia imputa al CEO de Cloudflare por piratería y amenazas tras la denuncia de La Liga y Movistar

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 04/03/2026 09:34
  • Actualizado: 04/03/2026 09:53

La Justicia española ha puesto en el punto de mira a uno de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos. El Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid ha citado a declarar como investigado al consejero delegado de Cloudflare, el estadounidense Matthew Browning Prince, por su presunta implicación en delitos de piratería audiovisual, amenazas y obstrucción a la Justicia, tras la querella presentada por La Liga y Movistar Plus.

Como explican fuentes judiciales a OKDIARIO, es la primera vez que un juzgado español cita penalmente al máximo responsable de una gran tecnológica estadounidense por delitos contra la propiedad intelectual. El CEO de Cloudflare tendrá que comparecer el próximo 7 de abril para responder por las acciones de su empresa.

Según el documento judicial al que ha tenido acceso este diario, los hechos investigados se relacionan con la presunta «facilitación de servicios tecnológicos que habrían impedido la ejecución efectiva de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, dictada el 18 de diciembre de 2024, que autorizaba el bloqueo dinámico de direcciones IP vinculadas a retransmisiones ilegales de partidos de fútbol».

Dicho de manera sencilla, La Liga y Movistar Plus lograron que se pudieran realizar bloqueos de webs que emitían el fútbol de manera ilegal, y Cloudflare tiene que dar explicaciones por facilitar justo lo contrario e impedir ese bloqueo.

Las acusaciones son de máximo calibre. La querella atribuye a Prince y a Cloudflare posibles delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la Justicia.

Cloudflare y la piratería

El núcleo de la querella sostiene que Cloudflare desempeña un papel central en la cadena de la piratería audiovisual en España. Según la documentación aportada por La Liga y Movistar Plus, aproximadamente el 38% de los servidores, webs, reproductores y plataformas ilegales que emiten partidos utilizan servicios de conectividad de Cloudflare.

Según esos datos, la empresa (con infraestructura en más de 335 ciudades y 125 países) estaría actuando como intermediaria tecnológica mediante sistemas de reverse proxy, es decier, escondiendo la IP real de los servidores piratas y mostrando como visible una IP de Cloudflare. De esta forma, tras la dirección pública quedarían «ocultos los servidores ilícitos», dificultando el bloqueo.

La querella sostiene que Cloudflare no solo proporciona conectividad, sino que interviene de forma directa o facilitadora en un porcentaje «muy relevante» de la piratería, gestionando las IP que alojan contenidos, las de las webs que los suministran y las de los reproductores que permiten su visualización.

Además, las acusaciones subrayan que la compañía habría recibido más de 114 requerimientos formales (aproximadamente uno en cada jornada de competición) con información detallada sobre plataformas ilícitas, sin que adoptara «medidas eficaces para cesar la actividad ilícita».

Los querellantes sostienen que, si lo deseara, Cloudflare podría bloquear «de inmediato» el acceso a todas las plataformas piratas que protege en su red y que, sin embargo, trabaja por lo contrario.

Desafío a resoluciones europeas

Uno de los elementos que más peso tiene en la querella son las declaraciones públicas del CEO de Cloudflare. Según el documento, Browning Prince habría manifestado que las decisiones judiciales de otros países distintos a Estados Unidos no obligan a la compañía.

Incluso, en un caso similar en Italia, donde la empresa fue incluso sancionada, el directivo llegó a plantear públicamente la posibilidad de retirar servicios de ciberseguridad, eliminar servidores en ciudades italianas o cancelar inversiones en el país.

En otro episodio, tras una orden judicial en Francia que obligaba al bloqueo de contenidos ilícitos, Browning calificó de «increíblemente perturbador» que un tribunal francés pudiera decidir «qué puede y qué no puede estar en Internet globalmente», e incluso relató contactos con otras grandes tecnológicas para responder de forma coordinada.

Estas manifestaciones son interpretadas en la querella como indicios de una voluntad consciente de incumplir resoluciones judiciales europeas y de dificultar su ejecución en territorio español, lo que podría constituir un delito de obstrucción a la Justicia.

El impacto económico que denuncian La Liga y Movistar Plus es demoledor: los daños derivados de la actividad que Cloudflare «permite o facilita» ascenderían a 859 millones de euros anuales. Mientras las compañías españolas sufren los daños, Cloudflare obtendría beneficios millonarios de los servicios prestados a plataformas de piratería.

El procedimiento se encuentra en fase de instrucción y el juzgado ya ha acordado diligencias de investigación sobre la actividad de la empresa. La comparecencia del CEO el próximo 7 de abril marcará un hito en la ofensiva judicial contra la piratería y podría abrir un precedente en la relación entre la Justicia española y las grandes tecnológicas estadounidenses.