Las dos denunciantes ahora imputadas en Acuamed se contradicen en el juzgado
Dos de los tres denunciantes que han dado origen al ‘caso Acuamed’, un supuesto pacto entre la ex cúpula de esta empresa pública con constructoras adjudicatarias para pagar sobre costes a cambio de regalos -entradas de fútbol-, han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cosas totalmente diferentes en la pieza separada por la que ahora están imputadas, acusadas de pagar casi un millón de euros de una obra de Acuamed a empresas que nada tenían que ver con esa obra.
Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, que se mantienen como directivas de la firma, han declarado como investigadas en la pieza separada que investiga un supuesto desvío de fondos en la descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), obra que ellas gestionaban en Acuamed. Según la acusación, ellas modificaron las partidas del presupuesto de la obra para pagar casi un millón de euros a Bassat & Ogylvi y al Instituto Cerdá, entre otros, camuflados como gastos del material necesario para la descontaminación del pantano, las tablestacas. Los pagos están confirmados por Hacienda y por la UCO, y no han sido negados por las acusadas en sus declaraciones ante el juez. Las sospechas es que sirvieron para financiar ilegalmente al PSOE, como ha publicado este diario.
Peralta, que estaba a las órdenes en esta obra de Ballesteros, que a su vez estaba a las órdenes del tercer denunciante del caso, Francisco Valiente, ya jubilado, declaró que realizó esos pagos de dinero público a estas empresas «con el conocimiento de sus superiores». Poco después declaró en esta pieza como testigo el propio Valiente. Sorprendentemente, el jefe declaró en sede judicial el 16 de abril que «nunca fue informado de esos pagos».
Declara Ballesteros
Este miércoles 7 de julio le ha tocado declarar a Ballesteros. Para rizar el rizo, la jefa directa de Peralta en esta obra ha declarado que estos pagos -en 2013- estaban adecuadamente registrados en el presupuesto porque eran consecuencia de un Plan de Emergencia de Acuamed de 2008, cuatro o cinco años antes. Además, y más importante, aseguró en sede judicial que nunca supo que se estaban haciendo esos pagos y cargó la responsabilidad sobre Peralta.
En definitiva, Ballesteros -que se negó a contestar a la Fiscalía y a los abogados de las acusaciones en una actitud sorprendente- y Peralta, que firmaron las dos la denuncia que dio origen a este caso y que han recibido premios por su lucha contra la corrupción de la Fundación Hay Derecho, se han culpado mutuamente de unos pagos camuflados como tablestacas a empresas que nada tienen que ver con eso: casi un millón de euros.
Esa denuncia que dio origen al caso en 2016 originó que la ex cúpula de la firma y varios constructores pasaran una temporada en la cárcel. Ahora, cinco años después, se les ha eliminado la fianza, desbloqueado las cuentas, se ha archivado la causa contra algunos directivos de constructoras, y el juez García Castellón sigue a la espera de que la fiscal Inmaculada Violán pruebe que el coste de las obras bajo sospecha se haya realmente inflado y se haya pagado por parte de Acuamed dinero público de manera ilícita.
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