Se dispara el fraude eléctrico en España: crece un 35% en cinco años y el 70% está ligado a la marihuana

Nuevos datos sobre el fraude eléctrico relacionado con la producción de marihuana. Y es que, según datos de Endesa, se ha incrementado de manera relevante en los últimos años hasta convertirse en un serio problema con especial incidencia en algunas zonas de nuestro país. En los últimos cinco años, los casos de manipulación de las instalaciones eléctricas detectados por Endesa han crecido un 35% y los vinculados a plantaciones de marihuana casi un 70%.

Tan solo el pasado año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló cerca de 150 fraudes al día, una práctica que supone una grave amenaza para la seguridad de las personas y genera importantes perjuicios para el conjunto de la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.

“La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Supone un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta a la calidad del suministro a los vecinos y cuesta dinero a todos los consumidores”, señala José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.

En los cinco últimos años los casos de fraude de todo tipo detectados por e-distribución han aumentado un 35%: desde los 39.300 expedientes de 2019 a los cerca de 53.300 contabilizados en 2023. La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 58% hasta alcanzar los 662GWh, equivalente al consumo de 190.000 hogares.

Plantaciones de marihuana y grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios acapararon el 74% de la energía defraudada detectada durante el pasado ejercicio por la filial de Endesa. La otra cuarta parte correspondió al sector residencial, aunque es destacable que sólo el 2% se localizó en las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3KW.

Fraude con marihuana

Por el contrario, las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, concentran ya el 37% de la energía recuperada en los fraudes detectados por Endesa, casi diez puntos más que hace un año.

Los expedientes por enganches ilegales a la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas en las que opera e-distribución han aumentado cerca de un 70% en los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes ha crecido un 83% en el mismo periodo. Cada día de 2023, los técnicos de e-distribución desconectaron de la red una media de 7 plantaciones de marihuana.

Cada plantación consume, en promedio, como 80 viviendas con lo que el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de los equipamientos y de la calidad de suministro en zonas con elevado porcentaje de fraude es evidente.

Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de Sevilla​ en un año. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante enganches ilegales que causan estragos en la red eléctrica. Generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan a todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación recién instalados. Durante el pasado año, se incendiaron 14 centros de transformación sólo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude.

En 2023 hubo incendios vinculados a este fraude

La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por “verdaderas organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal” según los datos del ministerio del Interior, supone además un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que deben actuar encapuchados para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial. En el último año, e-distribución ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las Fuerzas de Seguridad para desmantelar cultivos indoor, una colaboración que se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, ya que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.

El uso de la inteligencia artificial y el empleo de nuevas tecnologías se han convertido en herramientas esenciales para combatir un fraude cada vez más profesionalizado y en el que existe una alta tasa de reincidencia tras la que subyace una percepción de escaso riesgo económico y una legislación más laxa que en otros países de nuestro entorno. En España la defraudación de fluido eléctrico está tipificada como un delito leve con pena de multa a diferencia de países como Francia, Alemania, Portugal o Italia, donde se considera un delito grave que puede acarrear pena de cárcel.

Para combatir este problema que afecta al conjunto de los ciudadanos, e-distribución realizó el pasado año cerca de 400.000 inspecciones y tiene previsto efectuar 1,5 millones de inspecciones en periodo 2024-2026.

Colaboración ciudadana

La colaboración ciudadana también resulta crucial para luchar contra este delito. Los ciudadanos pueden informar de manera anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno. Los clientes en el área de distribución de Endesa pueden escribir al correo electrónico anomalias@enel.com, llamar al teléfono gratuito 800760220 o rellenar un formulario en la web de edistribucion.com. Durante el año pasado, a través de estas vías se registraron 55.000 denuncias que permitieron realizar 21.260 inspecciones en la red.

Endesa reitera su disposición a colaborar con administraciones, instituciones y fuerzas de seguridad para buscar soluciones a este problema que supone un serio peligro para las personas y para la red eléctrica, es origen de electrocuciones e incendios, afecta a la calidad del suministro y tiene un elevado coste para el conjunto de la sociedad.