La deuda millonaria por Castor anulada por el TC desatará una ‘batalla’ entre los bancos y los operadores públicos

• María Villardón @MariaVillardon
• Periodista de Toledo. Humanista y folclórica. Hija de María Ángeles y nieta de Cayetana. Hablo rápido con amables personajes –Tusquets dixit–.
• • 31/01/2018 19:16
  • Actualizado: 31/01/2018 22:56

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara “nulos e inconstitucionales” los aspectos financieros de la compensación ‘express’ de 1.350 millones de euros a la empresa promotora Escal UGS por el cierre de Castor aprobada por el Gobierno en 2014, traerá un largo enfrentamiento entre los bancos con derecho al cobro de la deuda (Caixabank, Bankia y Santander) y los operadores públicos. Álvaro Nadal, ministro de Energía, ha asegurado que a partir de ahora “lo que va a pasar es que habrá una gran litigiosidad” entre entes privados y públicos por  la paralización de los pagos porque “la sentencias son para cumplirlas”.

Nadal ha hecho un repaso por el histórico del proyecto Castor aprobado por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en 2008, sin embargo, pocas más respuestas ha dado sobre la compensación de los 1.350 millones de euros a la promotora y la premura con la que se aprobó por decreto ley en 2014. Una rapidez que, por cierto, ha sido puesta en entredicho por el TC en su sentencia del pasado mes de diciembre de 2017.

Lo que sí ha dicho Nadal es que la sentencia brindada por el TC “es para cumplirla” y ha asegurado que “tendrá consecuencias, uno de ellas es el freno del pago de la deuda porque, como ha dicho la CNMC «no se puede considerar parte del sistema gasista”. En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

Este mismo miércoles, Competencia ha aplicado la sentencia del Constitucional y ha frenado los pagos a materializar el derecho de cobro por la deuda que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, y así consta en el informe de la liquidación provisional del sector gasista correspondiente al pasado mes de noviembre.

Al cumplir con la sentencia del alto tribunal, según Nadal, lo que “previsiblemente va a pasar” es que se avecine una “gran litigiosidad entre empresas privadas y operadores públicos”. Es decir, el ministro espera enfrentamientos en los tribunales entre los bancos que pagaron la deuda de Castor (Caixabank, Bankia y Santander) y los operadores públicos tras la aplicación de la sentencia del TC y la paralización de los pagos. Ahora, la pregunta es quién va a pagar a los bancos la deuda adquirida de 1.350 millones de euros adquirida tras el cierre del proyecto Castor. 

Esta deuda fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De esta manera, estas tres entidades privadas son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales. En concreto, estos derechos de cobro ascienden a 6,7 millones de euros mensuales, cantidad que ha sido paralizada ‘ipso facto’.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa tras la comparecencia, Nadal precisó que, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, «ahora mismo ese coste no se está pagando».  Por ello, consideró que al tratarse de «una situación de impago» es previsible que «la gente acuda a los tribunales». «Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intente unos a otros hacerse responsables», añadió al respecto. Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia «para pagar» no es del Gobierno, sino de la CNMC, que es quien hace la liquidación del sistema, «y lo que está aplicando es que no se hagan los pagos por Castor».

En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Nadal ha justificado que, tras llegar al Gobierno y encontrarse con los problemas sísmicos en Castor, “tuvimos que hacer un control de daños, hacer un cálculo de a compensación y renegociar la deuda con mayor plazo y a un menor interés”.

Nada ha explicado que el pago de la indemnización fue tan rápido porque «si no se hacía pronto» se corría el riesgo de que «el sistema gasístico español habría entrado en ‘default’ en plena crisis de deuda». Por ello, ha justificado el titular de Energía «habríamos provocado un problema enorme de reputación de la deuda española y habría sido una irresponsabilidad por parte del Gobierno».