Varapalo histórico a Sánchez: el Congreso tumba por primera vez la Cuenta General por sus trampas presupuestarias
PP, Vox y Junts suman 177 votos para rechazar la Cuenta General del Estado de 2024 frente a los 168 apoyos del Gobierno
Varapalo histórico del Congreso de los Diputados a la gestión de las cuentas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez. La Cámara Baja ha rechazado por primera vez la Cuenta General del Estado después de que PP, Vox y Junts hayan unido sus votos para censurar las «trampas» e «irregularidades presupuestarias» que denuncian en la ejecución de las cuentas, entre ellas el uso temporal de fondos europeos para atender el pago de pensiones.
El dictamen ha salido adelante con 177 votos frente a 168. La mayoría parlamentaria ha rechazado así la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, el último ejercicio fiscalizado, y ha acordado devolver al Tribunal de Cuentas el informe realizado sobre ella.
La decisión tiene especial relevancia porque la Cuenta General del Estado no equivale a los Presupuestos Generales del Estado. Es el instrumento mediante el cual se rinden posteriormente las cuentas sobre la actividad económico-financiera del sector público estatal. Lo que ha hecho este jueves el Congreso, por tanto, es rechazar la rendición contable correspondiente a 2024 y cuestionar que ésta refleje la «imagen fiel» de las cuentas públicas.
El rechazo es inédito en la historia reciente y supone un duro golpe político para un Gobierno que, además, continúa gestionando el Estado con los Presupuestos de 2023 prorrogados ante su incapacidad para conseguir los apoyos necesarios para aprobar unas nuevas cuentas.
La Cuenta General rechazada corresponde a la gestión realizada cuando María Jesús Montero se encontraba al frente del ministerio de Hacienda, departamento actualmente dirigido por Arcadi España.
Fondos europeos para pagar pensiones
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la oposición ha sido la utilización temporal de recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir necesidades de tesorería vinculadas al pago de pensiones.
El Tribunal de Cuentas constató esta práctica y llegó a advertir de la «incertidumbre» jurídica que generaba, aunque finalmente no la calificó como una irregularidad en su declaración sobre la Cuenta General.
Precisamente esa decisión provocó una división en el propio órgano fiscalizador. Los consejeros propuestos por el PSOE, incluida su presidenta, Enriqueta Chicano, impusieron el criterio de no considerar irregular el uso constatado de esos recursos europeos.
La oposición considera, sin embargo, que este episodio constituye uno de los ejemplos de las prácticas presupuestarias que deberían haber impedido al Tribunal de Cuentas dar su visto bueno.
La portavoz popular Pilar Alía ha denunciado especialmente el abuso de las modificaciones presupuestarias sin suficiente control parlamentario y lo que ha definido como «el desvío de los fondos europeos para pensiones».
Por parte de Vox, Pablo Sáez ha enumerado una decena de actuaciones que su formación considera «trampas» en la Cuenta General y que, a su juicio, deberían haber provocado una respuesta mucho más contundente del Tribunal de Cuentas.
Junts también ha sido determinante para propinar el varapalo parlamentario al Ejecutivo. Su representante, Josep Maria Cruset, ha criticado las «irregularidades presupuestarias» y la utilización continuada de las prórrogas, que, a su juicio, desvirtúan la situación real de las cuentas públicas.
Sánchez y los Presupuestos de 2023
El rechazo a la Cuenta General llega además en un momento especialmente delicado para la política presupuestaria del Gobierno. Sánchez continúa gobernando con los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2023 y posteriormente prorrogados.
La ausencia de unas nuevas cuentas ha aumentado el peso de las modificaciones presupuestarias para adaptar unas partidas diseñadas años atrás a las necesidades actuales del Estado, una práctica que la oposición denuncia por reducir la capacidad de control previo del Parlamento sobre el destino del dinero público.
Los socialistas rechazan igualmente que se pueda hablar de un desvío irregular de los fondos europeos. Sostienen que se trató de «operaciones temporales de tesorería» y defienden que la Comisión Europea acepta esta operativa.
La oposición ya había logrado sacar adelante el dictamen de rechazo en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el respaldo este jueves del Pleno eleva sustancialmente su alcance político.
El resultado deja así una situación inédita: la mayoría del Congreso rechaza la Cuenta General del Estado de 2024 y devuelve al Tribunal de Cuentas un informe que el propio órgano fiscalizador había avalado pese a advertir de deficiencias y de la incertidumbre jurídica provocada por algunas de las prácticas presupuestarias del Gobierno.
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