Código de Buen Gobierno de BBVA: los consejeros deben comunicar actos que dañen la reputación
La situación de Francisco González, ex presidente del BBVA desde el 1 de enero de este año tras 18 años en el cargo, se vuelve cada día más negra. La presión para que la entidad sancione de alguna forma al gallego se agranda cada día por el episodio de la contratación del ex comisario Villarejo para un espionaje masivo para defenderse de la OPA lanzada por Sacyr contra el banco en 2004, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El nuevo presidente de la entidad, Carlos Torres, elegido por el propio González, tiene que decidir en los próximos días si mantiene al gallego como presidente de honor del banco y de la Fundación BBVA, y si toma alguna medida judicial contra él por haber ordenado el espionaje masivo de miembros del Gobierno, de la CNMV, de empresas del Ibex y de periodistas.
González ha dado motivos para ello. El presidente de honor del banco, que todavía mantiene despacho y chófer y ha recibido 80 millones de euros de indemnización en su plan de pensiones, vulneró reiteradamente año tras año el Reglamento del Consejo de Administración del banco que él mismo ha presidido durante 18 años.
Según el artículo 12 de ese Reglamento, los consejeros de la entidad -y González lo es- deben poner en conocimiento del Consejo y poner su cargo a disposición del mismo «cuando por hechos imputables al consejero en su condición de tal se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio, al crédito o reputación de la Sociedad», según informa el banco a la CNMV en su Informe de Buen Gobierno Corporativo.
El daño reputacional al banco es evidente, nadie lo pone en duda, y la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado públicamente este miércoles que el caso era un «tema serio» porque afectaba a la «reputación» del sistema financiero.
CNMV
El espionaje masivo no solo ha destapado que González se saltó las propias normas del banco que presidía -el dirigente gallego impuso un Código Ético a sus 90.000 empleados el mismo año que él ordenó los espionajes-, sino que el banco trasladó a la CNMV año tras año que cumplía con el artículo 22 del Código de Buen Gobierno corporativo.
Este artículo obliga a las empresas cotizadas a establecer reglas «que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales».
A este artículo el BBVA ha respondido reiteradamente al regulador con un «cumple», algo que ahora se demuestra no era cierto. El actual presidente de honor del BBVA y de su Fundación no cumplió el Reglamento del Consejo de Administración del banco y el banco mintió al regulador de los mercados. La CNMV investiga también el posible impacto patrimonial en el banco de un posible proceso judicial.
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