La CNMC rebaja un 85% la sanción a Inabensa por participar en un cártel ferroviario

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 26/01/2025 14:05
  • Actualizado: 26/01/2025 14:05

La sala de competencia del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reducido la sanción que interpuso a Inabensa, antigua filial de Abengoa, un 85% tras estimar la Audiencia Nacional un recurso de la compañía. La penalización había sido por la participación de la empresa en un cártel ferroviario.

Así, se da la primera resolución del consejo de la CNMC relacionada con las sentencias emitidas el año pasado por la Justicia, que en muchos casos estimaron los recursos presentados por las 15 empresas sancionadas por Competencia en 2019. Estas empresas fueron penalizadas por su participación en un triple cártel que, durante catorce años, se dedicó al reparto de alrededor de 200 proyectos ferroviarios, con un valor conjunto de 1.055 millones de euros.

«El Consejo de la CNMC resolvió imponer a Instalaciones Inabensa, S.A. una sanción por importe de 8.200.000 euros por su participación en el cártel consistente en la adopción de acuerdos de repartos de contratos en el mercado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad, y una sanción por importe de 3.363.359 euros por la adopción de acuerdos de repartos de contratos en el mercado para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional», explica Competencia.

Esta última sanción es la que la CNMC ahora ha rebajado a 520.000 euros en aplicación de la sentencia de la AN, al cambiar la duración de la conducta anticompetitiva de la compañía, ya que Competencia estimó que se había producido entre 2002 y 2014 y la sentencia la limitaba a entre 2013 y 2014.

El año pasado, la Audiencia Nacional anuló parcialmente las sanciones de Cobra y CYMI, Sacyr y OHLA, al defender que la CNMC no había aportado prueba de cargo suficiente que permitiese concluir que conocía la existencia del plan anticompetitivo.

Sin embargo, la AN sí avaló las multas interpuestas a Siemens (16,8 millones), Comsa (2,8 millones), Indra (870.000 euros) y Teléfonos Líneas Centrales (600.000 euros), al entender que la CNMC no había infringido ningún principio de graduación y proporcionalidad respecto a la cuantificación de la sanción y que no había falta de motivación.

Con Cobra y CYMY pasó algo parecido a lo de Inabensa, puesto que se anuló la sanción relativa al periodo anterior a 2013, pero se dejó la puerta abierta por las posibles responsabilidades entre 2013 y 2014. En total, las cuatro filiales afrontaron una multa de 51 millones de euros.

CNMC y el caso de Inabensa

Según el regulador, las compañías implicadas pactaban consorcios para lograr contratos de electrificación del AVE y repartir después parte de las obras con el resto de las firmas, «que presentaban ofertas al proyecto para simular concurrencia competitiva en la licitación».

En el caso de las líneas convencionales, el acuerdo entre las empresas pasaba por repartirse las licitaciones mediante un sorteo con el que establecían el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaban ranking. Además, compensaban a las que no resultaban adjudicatarias con un 6% del importe del contrato.

El mayor de estos tres cárteles es el que trece de estas firmas mantuvieron durante ocho años, que además coincide con los de la pasada crisis (2008 y 2016), con el que «adoptaron acuerdos» para «repartirse» 24 proyectos de electrificación del AVE por 837 millones.

Otro de los cárteles se extendió durante catorce años (2002-2016), en los que diez empresas acordaron sobre 173 contratos de electrificación de tren convencional que suman 134 millones, y el tercero, formado por Alstom y Siemens y luego ampliado a Elecnor, afectó a siete contratos de instalación de equipos electromecánicos del AVE que suman 84 millones.