Los casos de fraude eléctrico en plantaciones de marihuana se duplican en los últimos cuatro años

Los casos de fraude eléctrico vinculados a plantaciones de marihuana se han duplicado en los últimos cuatro años. Endesa cerró el pasado año 1.636 expedientes de fraude ligados a las plantaciones de marihuana localizadas en el interior de viviendas o edificios, el doble que en 2018. Esta cifra arroja una media de 4,5 conexiones ilegales para el cultivo de cannabis destapadas al día y pone de manifiesto un problema creciente en muchas localidades de nuestro país, que afecta a la seguridad de los vecinos, la calidad del suministro eléctrico y la convivencia ciudadana.

La energía recuperada en 2021 por e-distribución, la filial de redes de Endesa, en los fraudes vinculados al cultivo de plantas de cannabis ascendió a 159 millones de kWh, el equivalente al consumo de 45.000 hogares. Esta cantidad de electricidad representa el 20 por ciento del total de la energía recuperada el pasado año por Endesa en el conjunto de fraudes detectados.

Pero estas cifras corresponden sólo a las zonas en las que e-distribución opera como empresa distribuidora y al fraude descubierto. La magnitud del problema es mucho mayor.  Las estimaciones indican que el consumo eléctrico de las plantaciones de marihuana en España ascendería a 1,5TWh, equivalente a la demanda de electricidad de Palma de Mallorca en un año.

Grave riesgo para los vecinos

“El fraude eléctrico supone un perjuicio para toda la sociedad, ya que se traduce en un incremento de la factura eléctrica del conjunto de los consumidores y pone en riesgo tanto la seguridad como la calidad de suministro del resto de usuarios. Pero, por encima de todo, las conexiones irregulares y manipulaciones de la instalación eléctrica implican importantes riesgos para la salud de la persona que las realiza y de las que le rodean, ya que pueden provocar incendios, electrocuciones y descargas eléctricas”, señala José Manuel Revuelta, director general de Infraestructura y Redes de Endesa.

En los últimos años se han registrado numerosos casos de incendios en viviendas dedicadas al cultivo de marihuana, no sólo en zonas aisadas, sino en pisos pertenecientes a bloques de viviendas, amenazando la seguridad del resto de vecinos.

Además, las infraestructuras eléctricas utilizadas en estas instalaciones son cada vez más sofisticadas y, en algunos casos, demandan una potencia compatible con un uso de naturaleza industrial, lo que evidencia la enorme carga eléctrica que soporta la red de distribución, que no está diseñada para abastacer esta demanda “fantasma”. Esto provoca situaciones de gran riesgo eléctrico que hace que actúen las protecciones de los centros de transformación o que se quemen líneas subterráneas o incluso centros de transformación, lo que provoca interrupciones del suministro al resto de residentes en la zona. El resultado es un aumento de las incidencias y un deterioro de la calidad de suministro en zonas con elevados niveles de fraude.

Hay que tener en cuenta que el consumo medio de una plantación corresponde al de 80 viviendas y que, en algunas áreas con alta concentración de fraude, representan hasta el 80% del total de electricidad consumida en la zona.

Las plantaciones tipo “indoor” (de interior) están aumentando su peso en los últimos años al permitir obtener más cosechas que los cultivos de exterior, hasta cuatro en un año. Necesitan de grandes cantidades de electricidad para hacer funcionar los sistemas de iluminación, climatización y ventilación necesarios para el cultivo y obtienen esa electricidad mediante enganches ilegales a la red.

Los datos del Ministerio del Interior indican que, desde 2015, las incautaciones de marihuana y plantas de cannabis en España han experimentado fuertes incrementos de entre un 150 y un 305 por ciento,  sobre todo a partir de 2019. La Encuesta Anual sobre Drogas señala que, en 2020 se incautaron mas de 1,7 millones de plantas de cannabis (frente a las 724.611 de 2016) y, antes de cerrar 2021, esa cifra se había superado con creces.

Colaboración con las Fuerzas de Seguridad

La colaboración  con las Fuerzas de Seguridad y el uso de nuevas tecnologías están permitiendo reforzar la lucha contra este grave problema. Durante el pasado año, Endesa realizó más de 2.000 operaciones conjuntas con las Fuerzas de Seguridad para combatir las conexiones ilegales a la red.

En este sentido, Endesa, reitera su ofrecimiento a colaborar con todas las instituciones para abordar el problema de la proliferación de las plantaciones de marihuana, que concierne al conjunto de la sociedad y que hace necesario actuar en diferentes frentes, (político, jurídico, de seguridad…) de manera coordinada y con un mismo objetivo.

Más de 71.000 fraudes en 2021

La manipulación de las instalaciones eléctricas para el cultivo de marihuana supone una parte cada vez más importante del volumen del fraude eléctrico detectado por Endesa (representó una quinta parte de la energía recuperada en el último año, pese a suponer sólo el 2% del total de expedientes). El pasado año Endesa detectó en total 71.000 casos de fraude eléctrico, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior y casi doblar los cerca de 37.300 casos registrados en 2015. La energía recuperada en los fraudes detectados por Endesa durante el pasado año rozó los 795 millones de kWh, el equivalente al consumo de 240.000 hogares.

La compañía aplica técnicas de machine learning (aprendizaje automático) y deep learning (aprendizaje profundo) para afinar las inspecciones y mejorar su efectividad. La digitalización de la red, el despliegue de sensores y la implantación de los contadores inteligentes hace que cada vez se obtenga más información sobre el funcionamiento de los equipos de medición y sobre la red de media y baja tensión, lo que ayuda a destapar los fraudes.

La colaboración de los ciudadanos es también clave para poner freno a la manipulación de las instalaciones eléctricas El pasado año, las notificaciones recibidas en la línea telefónica (800 760 20) y el buzón de correo electrónico anomalias@enel.com en el que, con carácter confidencial,  los ciudadanos pueden aportar cualquier comunicación sobre  anomalías y presuntos fraudes, derivaron en 12.000 inspecciones.