Bruselas pide a España ajustes extra por 2.000 millones de euros para cumplir el déficit en 2017

La Comisión Europea ha dado su visto bueno al plan presupuestario presentado por el Gobierno español de cara a 2017, aunque ha señalado que serán necesarios ajustes extra por un importe de 2.000 millones de euros para lograr cerrar el año con un déficit público máximo equivalente al 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB), que es la tasa prometida por España a Bruselas. A juicio de la Comisión, con el nuevo paquete de medidas fiscales aprobado el pasado diciembre la brecha fiscal será del 3,3% del PIB en 2017, dos décimas por debajo del objetivo.

El documento aprobado por el colegio de comisarios europeos indica que el informe presentado por el Ministerio de Economía español “cumple en líneas generales” con los requisitos que planteó la Comisión y que provocaron que las autoridades comunitarias retiraran el pasado diciembre su amenaza de congelar la asignación de fondos estructurales a España el próximo año. Tras analizar el informe de “medidas efectivas” elaborado por España, Bruselas determinó “suspender” el proceso de déficit excesivo (que es como se conoce el procedimiento sancionador a un estado miembro por incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento).

Ahora, el colegio de comisarios pide al Gobierno español que “esté preparado” para adoptar las medidas adicionales necesarias que permitan el citado ajuste extra de 2.000 millones. No obstante, los cálculos del Ministerio de Hacienda indican que la batería de medidas fiscales adoptadas el pasado diciembre es suficiente para alcanzar el objetivo. Entre ellas destacan la reforma del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades y la subida de Impuestos Especiales, permitirán elevar la recaudación en 7.600 millones de euros, un importe que el titular del departamento ministerial, Cristóbal Montoro, considera suficiente para cumplir el objetivo de déficit del 3,1% del PIB al cierre de año.

Estos ajustes de 7.600 millones de euros serán recogidos en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentará el Gobierno y que deberá pasar su correspondiente tramitación parlamentaria. En las cuentas públicas de 2017 se desglosará en detalle la reducción de 15 décimas respecto a la brecha fiscal del 4,6% del PIB con la las Administraciones Públicas cerraron 2016, es decir, una bajada de unos 16.000 millones de euros: un “considerable esfuerzo”, según indicó Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el paquete legislativo que supone la primera piedra de los próximos PGE.

La reducción del déficit no sólo se producirá por los citados ajustes, sino que vendrá de la mano del crecimiento de la actividad con un repunte del 2,5% del PIB en 2017 según el nuevo cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno. El ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que el crecimiento económico aportará unos 10.000 millones de euros en términos de reducción del déficit, lo que, junto con los 7.600 millones de euros de ajuste extra aprobados en diciembre, sumarían 17.600 millones de bajada de la brecha fiscal, lo que permitiría cumplir el objetivo del 3,1% del PIB con un margen suficiente.

Sin embargo, los cálculos de la Comisión Europea son distintos y en Bruselas temen que el ciclo económico no aporte los citados 10.000 millones de euros en el proceso de reducción del déficit y sea necesario aprobar medidas adicionales si en la segunda mitad de 2017 las cifras de ejecución presupuestaria así lo exigen.

«La discrepancia con respecto a los objetivos del borrador presupuestario actualizado reflejan principalmente un escenario macroeconómico menos optimista y un menor impacto de las medidas fiscales en las previsiones de la Comisión», indica el informe elaborado por los comisarios.