Bruselas incluirá a España en el proceso de sanciones si no corrige a tiempo sus cuentas públicas

La Comisión Europea está dispuesta a incluir a España en el procedimiento de déficit excesivo, que acarrea sanciones monetarias a los estados miembros -de hasta el 0,5% de su PIB- por el incumplimiento continuado de los estándares de desequilibro presupuestario y deuda fijado en los tratados, salvo que se presente un plan drástico de corrección de las cuentas públicas. Según los medios consultados, la decisión definitiva al respecto se quiere adoptar  antes de que se celebren las elecciones europeas de junio, aunque otras fuentes contemplan con más dificultad que esto pueda concretarse en ese tiempo dado el tráfago de frentes abiertos que se vive en Bruselas casi en vísperas de los próximos comicios.

En todo caso, la Comisión no tiene sólo a España como destino de su eventual procedimiento punitivo. Éste podría afectar a varios países miembros, y entre ellos a otros grandes como Francia e Italia. Sólo Alemania, que ofrece una de las peores cifras de crecimiento económico de la UE-, pero cuya obsesión por el control de las cuentas públicas continúa inalterada, quedaría a salvo de las eventuales sanciones que maneja el Ejecutivo de Bruselas.

La diferencia entre los casos de España e Italia en relación con el de Francia es que la desviación de los objetivos asignados se produce al mismo tiempo que los PIB de ambos estados son los que mayor crecimiento registran. En el caso de España, de manera poco sana, pues la mayor parte del empuje de la actividad deviene de la explosión del consumo público. En el caso de Italia, debido a la intensa inversión en edificación gracias a un paquete de ayudas fiscales sin precedentes. En ninguno de los dos países, sin embargo, es posible que se mantenga la mecha de crecimiento sobre estas bases, pues el restablecimiento de las reglas fiscales va a obligar a apretarse el cinturón del gasto público, sea de manera directa -con consumo a cargo del Estado- o bien a través de desgravaciones -que se traducen en menores ingresos tributarios-.

Adicionalmente, las circunstancias en España son todavía más sangrantes, pues la desviación del déficit se produciría después de haber obtenido el récord de todos los tiempos en recaudación fiscal tras su decisión del presidente Sánchez de no deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta en ninguno de los ejercicios desde que ocupa La Moncloa, lo que ha impulsado la recaudación de Hacienda hasta 120.000 millones por IRPF en 2023, la cifra más alta de la historia -hasta sumar un crecimiento anual del 10%-.

A pesar de las urgencias, la Comisión Europea ya anunció ayer sus intenciones pidiendo a España que haga avances importantes a la hora de implementar una estrategia fiscal «creíble» y «rotunda» para rebajar los altos niveles de deuda pública y de déficit estructural del país. Las autoridades europeas considera que la acción política española ha sido «limitada» en los últimos años. «Es necesario un esfuerzo adicional de consolidación para que España alcance una posición presupuestaria saneada», señala el informe del Ejecutivo comunitario publicado este lunes, que evalúa las principales vulnerabilidades y desequilibrios macroeconómicos de España y de otros cinco Estados miembro.

Para garantizar una reducción de la deuda a medio y a largo plazo, Bruselas advierte de que será necesario «reducir claramente el déficit estructural», al tiempo que recomienda abordar «las futuras presiones presupuestarias por el lado del gasto relacionadas con el envejecimiento de la población, así como con la sanidad y los cuidados de larga duración». Las previsiones macroeconómicas de la Comisión calculan que la deuda española descienda al 106,5% en 2024, mientras que se prevé que el déficit baje del 4,1% al 3,2%, todavía por encima de los umbrales que exigen las reglas fiscales de la UE -60% para la deuda y 3% para el déficit-, que volverán a aplicarse desde mayo con un nuevo marco. Según el informe del equipo de Von der Leyen, los estados miembros deberán presentar sus planes fiscales a medio plazo el 20 de septiembre.

Aunque el Gobierno está convencido de poder cerrar 2024 con un déficit público del 3% del PIB como exigen las autoridades comunitarias, los principales servicios españoles consideran esta cifra todavía muy lejos de su capacidad de gestión. El último panel de Funcas -la Federación de las Cajas de Ahorros- considera que será muy difícil recortarlo por debajo del 3,6%. Entre otros motivos, aducen que el empuje de la actividad está perdiendo fuelle y que también será complicado que el PIB crezca este año un 2% como estima el Gobierno.