BBVA tendrá que dar acceso a documentos clasificados en el caso Villarejo

El juez que investiga la relación de BBVA con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo ha acordado permitir a todas las partes el acceso a documentos que la entidad pretendía reservar al magistrado y al Ministerio Fiscal, al entender que el banco ha actuado de forma poco transparente. En un auto fechado el pasado 19 de diciembre, el juez Manuel García Castellón atiende la solicitud de la Fiscalía, que el pasado 26 de octubre enumeraba en un informe los documentos que en su opinión debían ser de libre acceso a todas las partes, en contra del criterio del banco.

Entre ellos figuran diversos correos electrónicos y de texto del exdirector de los servicios jurídicos del banco, Eduardo Arbizu, que figura como investigado en la causa, sobre las funciones de cumplimiento normativo y la relación con Cenyt, una de las empresas del excomisario. Respecto de estos documentos, el juez acuerda el traslado a todas las partes al entender que «no se trata de una estrategia de comunicación general de la entidad, sino de cómo la entidad instruía a sus empleados en la forma de tratar el asunto que la vinculaba con las contrataciones de Cenyt».

No existe violación alguna de secretos de empresa, añade García Castellón, pues no se tratan «asuntos relativos a lo que debería ser la estrategia comercial o financiera, sino que los documentos pueden permitir descartar «la incidencia directa en la responsabilidad personal de la persona jurídica». El juez sostiene que si dichos documentos no fueron publicados ello «revela la falta de transparencia del equipo directivo de la entidad para con sus accionistas e inversores».

Otros documentos que el juez estima que deben ser accesibles para todas las partes del proceso son correos del presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, a sus empleados, o un informe interno del que se conocía sólo un resumen ejecutivo, y que es «mucho más extenso de lo que ha sido aportada al juzgado». También, un documento interno de estrategia de comunicación en el que se traslada a los empleados de la entidad «qué es lo que tienen que decir en caso de ser preguntados», y que constituye «una muestra documental de qué es lo que se indicaba a los empleados y de qué es lo que el equipo directivo de la entidad quería que se transmitiese».

De su análisis, prosigue el juez, se puede inferir «qué sabían realmente y cómo querían trasmitirlo». La «operación Trampa», novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito. A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González, al que el juez atribuye presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.