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Banco Santander ha ganado sólo un 14% de las sentencias de audiencias provinciales sobre el Popular

El banco de Ana Botín no está obteniendo el favor de las audiencias provinciales en la mayoría de los litigios con inversores, ya que le están dando la razón tanto a los que fueron a la ampliación de capital como a la mayoría de los que compraron en el mercado antes y después.

La adquisición de Banco Popular por un euro más su deuda, después de la resolución del banco presidido entonces por Emilio Saracho ejecutada por la Junta Única de Resolución (JUR), está causando muchos dolores de cabeza judiciales al Banco Santander, que por el momento está perdiendo buena parte de los litigios que lo enfrentan con accionistas, y que sólo ha ganado un 14% de las apelaciones a Audiencia Provincial, ha ganado parcialmente un 10% y ha perdido del todo un 76% restante.

Según datos del abogado Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación compleja y bancaria de Fieldfisher Jausas, la evolución hasta ahora de los litigios por la ampliación de capital de la entidad de 2016 está arrojando malos datos para Santander, con una baja ratio de éxito en las hasta ahora 175 sentencias en segunda instancia. Tal y como manifiesta el especialista, los jueces ya coinciden de forma unánime en que la ampliación de 2016 tuvo error en el consentimiento, una acción que en teoría prescribe el 7 de junio de 2021.

Pero respecto a los inversores que compraron acciones de Popular en el mercado secundario, es decir en la Bolsa sin acudir a la ampliación, la justicia también está considerando en la mayor parte de los casos que procede la indemnización por falsedad en el folleto. Es un «sentir mayoritario» para los que compraron acciones después de la ampliación, y un punto más comprometido para los que compraron antes.

Pero incluso en estos casos, asegura Fieldfisher Jausas que «existe mayor controversia, si bien la mayoría de la jurisprudencia es que procede la indemnización por inadecuada información». La acción prescribiría en este caso el 7 de junio de este mismo año.

Quejas 

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha lamentado en alguna ocasión que la responsabilidad legal aumente el coste de la adquisición de un banco como el Banco Popular. El año pasado, Santander incluso fue incluido como responsable penal dentro del caso que se dirime en la Audiencia Nacional, aunque finalmente fue excluido. En cualquier caso, parece evidente que aún queda bastante tiempo hasta que el banco cántabro pueda decir que ha pasado página de los litigios relativos a la compra por un euro del antiguo banco del ‘Opus Dei’.