El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: lo que puedes hacer si tu vecino no paga la comunidad

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), aprobada en enero de 2025, comenzó a aplicarse en España el 3 de abril de ese mismo año. Su última actualización se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 24 de julio de 2025, introduciendo cambios relevantes para la gestión y organización de las comunidades de vecinos. Estas modificaciones incluyen novedades prácticas y ciertos matices legales que cualquier propietario o administrador debería conocer para el correcto funcionamiento y convivencia dentro de un edificio.

Lo más destacado de la Ley de Propiedad Horizontal

Entre las novedades más relevantes de la LPH destacan la digitalización de la gestión de comunidades, la regulación de multas por impagos de cuotas o por obras no autorizadas, y la posibilidad de controlar los pisos turísticos mediante acuerdos aprobados por al menos tres quintas partes de los propietarios. La normativa también facilita la instalación de paneles solares en zonas comunes y contempla ayudas económicas para la rehabilitación de edificios.

Además, se incluyen medidas para mejorar la accesibilidad, como la eliminación obligatoria de barreras arquitectónicas cuando lo soliciten personas mayores de 70 años o con discapacidad. Respecto a la morosidad, el artículo 21 establece cómo actuar frente al impago de los gastos comunes, incluyendo medidas preventivas, reclamaciones judiciales y procedimientos de mediación o arbitraje. También permite reclamar deudas pendientes inferiores a 2.000 euros, reforzando la obligación de cada propietario de contribuir al mantenimiento y los gastos compartidos del edificio.

El propietario puede ser embargado si así se solicita

El propietario, lógicamente, tendrá castigos como la supresión del derecho a voto en las juntas. En estas mismo es donde se tiene que comenzar a actuar. Primero hay que reclamar la deuda vía burofax y, si persiste la situación de impagos, solicitar el embargo de bienes tanto financieros como inmuebles. También se podrá hacer pública la identidad del deudor en la comunidad, respetando siempre la Ley de Protección de Datos.