Un año del apagón: sin culpables claros y con la luz más cara por las medidas de refuerzo de Red Eléctrica

Un año después del apagón que dejó a España y Portugal a oscuras durante horas sigue sin conocerse el culpable real del cero eléctrico pero sí se han tomado medidas de refuerzo por parte de Red Eléctrica que han costado ya a los contribuyentes 666 millones de euros, pagados en la factura mensual, según los cálculos de la compañía que preside Beatriz Corredor, ex ministra del PSOE.

Ni el Gobierno ni el panel de expertos europeos de Entso-E ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sido capaces en sus diferentes informes de señalar a un claro responsable del cero eléctrico.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se apremió en su informe, que dio a conocer en menos de dos meses desde el incidente, pero se quedó en que el apagón fue fruto de un problema «multifactorial» que implicó episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales, y avanzó en una batería de medidas para supervisar mejor el sistema para evitar un episodio similar en el futuro.

Más tiempo le llevó a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) su informe final -publicado en marzo de este año-, aunque las conclusiones fueron parecidas, ya que consideró que el apagón fue un «evento sin precedentes» y el mayor de estas características en las últimas dos décadas, aunque concluyó que no tuvo una única causa, sino que fue resultado de la combinación de varios factores.

Apuntó a una mezcla de oscilaciones en el sistema, dificultades para mantener la tensión estable y cambios y desconexiones rápidas de generación en España.

De esta investigación salieron las recomendaciones de fortalecer las prácticas operativas, una mejora en el monitoreo del comportamiento del sistema y una coordinación e intercambio de datos más estrechas entre los actores del sistema eléctrico, y la necesidad de que los marcos regulatorios se adapten para apoyar los cambios del sistema eléctrico, en un claro tirón de orejas a todos los implicados.

En un mero documento de naturaleza consultiva quedó el informe de la CNMC, que vio la luz casi once meses después del evento y eludió también señalar directamente a ningún responsable. Eso sí, constató que el 28 de abril de 2025 se disponía de las «herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro» para haber evitado el apagón eléctrico.

Lo que sí ha hecho el regulador justo antes de cumplirse el año del apagón ha sido incoar unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción -que habrá que esperar igual más de un año para conocer si se consolidan en multa definitiva o no- a Red Eléctrica de España (REE), muy grave en su caso, y a varias compañías eléctricas -Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja, entre otras- de carácter grave para todas ellas.

No obstante, todo ello, más que despejar dudas, ha servido para seguir repartiendo las culpas y apenas dar algo más de artillería para una batalla que deberá, más que previsiblemente, dilucidarse entre todas las partes en el tiempo en los tribunales.

Tampoco ha sido mucho más esclarecedora una Comisión de Investigación del Senado de claro perfil político que, a lo largo de meses, ha visto pasar a los distintos actores del sector, apuntándose una parte a otra como responsable, y que ha concluido, con una mayoría del PP en la Cámara Alta, señalando como culpables del apagón eléctrico al Gobierno, a Red Eléctrica de España (REE) y a la CNMC por su «inacción regulatoria y supervisora».

Esta misma semana ha empezado también la Comisión del Investigación del Congreso de los Diputados, con el paso de los máximos directivos de las empresas energéticas, y que no ha hecho más que confirmar que seguirá el camino de un intercambio de acusaciones en torno al apagón, pero finalmente poca luz sobre el incidente.

Y es que en juego está también quién deberá asumir la factura millonaria de los daños por un apagón en unas demandas judiciales que deberán tener, eso sí, su largo recorrido en los tribunales y que, todo apunta, que será el lugar definitivo donde se dirima la responsabilidad del incidente.

Lo que también ha dejado el apagón es un ‘modo reforzado’ en la operación del sistema eléctrico desde ese día, que ha llevado a un fuerte aumento en el coste de los servicios de ajuste, que se trasladan, lógicamente, a la factura de la luz, especialmente con mayor inmediatez a la de los clientes del mercado regulado, el denominado PVPC.

A pesar de que la creciente presencia de energías renovables ha reducido el precio de la electricidad en el mercado mayorista, la variabilidad de estas tecnologías obliga a ajustar constantemente la producción para mantener el equilibrio entre oferta y demanda, y a que el sistema necesite cada vez más recurso de respaldo, como los ciclos combinados de gas natural.

Todo ello tiene un coste, y su uso ha aumentado para evitar desequilibrios e incidentes como el apagón de 2025, que ha llevado el coste de estos servicios de ajuste en marzo a un nuevo máximo de 27,6 euros/MWh, casi un 74% más que hace un año y más del doble que en el mismo mes de 2024, según datos de Selectra.