Alarma en Adif por la posible revisión judicial de los contratos de Madrid Nuevo Norte

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 30/12/2025 05:45
  • Actualizado: 30/12/2025 05:45

La tensión vuelve a sentirse en los pasillos de Adif en lo tocante a Madrid Nuevo Norte. La sucesión de informaciones sobre comisiones en contratos del gestor ferroviario y la reactivación de distintos procesos judiciales relacionados con grandes adjudicaciones públicas han encendido todas las alarmas dentro de la empresa pública. Fuentes internas admiten que existe un notable nerviosismo ante la posibilidad de que los tribunales vuelvan a reclamar documentación y responsabilidades sobre uno de los expedientes más sensibles de su historia reciente: los contratos vinculados a los terrenos de Madrid Nuevo Norte.

Estos contratos, firmados bajo el mandato de Isabel Pardo de Vera y posteriormente desarrollados durante su etapa como secretaria de Estado, fueron la llave que permitió transformar una concesión ferroviaria en una venta multimillonaria de suelo público, operación que ha sido cuestionada por reversionistas, asociaciones de propietarios y entidades jurídicas. Según denuncian las partes afectadas, las reclamaciones de los antiguos propietarios llegaron a desaparecer del expediente, en un proceso que, hoy, podría volver a ser escrutado con lupa.

Un expediente que siempre generó dudas

Aunque la compraventa de los suelos de la antigua Operación Chamartín parecía un asunto cerrado tras la firma ante notario a finales de 2024, la situación está muy lejos de haberse estabilizado. Desde la modificación contractual de 2018 (aprobada por Adif y Transportes bajo el liderazgo de Pardo de Vera y el ex ministro José Luis Ábalos) ya surgieron diferentes sospechas, sobre todo porque quedaron suprimidos los derechos de reversión, pese a que seguían siendo reclamados formalmente por diversos afectados.

No existen, según distintas informaciones, documentos que avalen la elevación de la operación llevada a cabo por Adif al Consejo de Ministros, un trámite que para las partes resultaba «absolutamente necesario si se quería ajustar a la Ley».

El cambio de concesión a compraventa alteró completamente el modelo jurídico del proyecto y generó un beneficio directo para la sociedad promotora, con BBVA como actor principal.

Estos elementos ya originaron recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional, varios de ellos aún activos. Pero ahora, con los nuevos escándalos de presuntas comisiones que afectan al ecosistema de contratación de Adif, los funcionarios temen que la Justicia amplíe sus investigaciones y vuelva sobre los expedientes de Madrid Nuevo Norte, en especial aquellos que afectan a la documentación desaparecida o nunca aportada.

«Si vuelven a pedir todos los expedientes, puede que haya un terremoto en algunos cargos directivos». Así describen fuentes de Adif el clima interno de preocupación evidente. No solo entre los cargos directivos implicados en la firma de aquellos contratos, sino también entre los técnicos administrativos que tramitaron, supervisaron o archivaron los expedientes, «porque ahora cualquier cosa se mira con malos ojos, incluso aunque pudiera estar perfecto».

El problema, como recuerdan los reversionistas, es que sus derechos «no es que se ignorasen, es que dejaron de aparecer en las carpetas del expediente tras la modificación de 2018». Modificación que hizo Pardo de Vera.

La gran incógnita, admiten estas fuentes, es si los tribunales considerarán que la eventual falta de documentación, los cambios contractuales o la eliminación de derechos previamente reconocidos pudieron constituir un perjuicio a terceros o incluso una alteración ilegal del proceso administrativo.

La reciente admisión a trámite de recursos por parte de la Audiencia Nacional y la apertura de nuevas vías judiciales por parte de asociaciones de afectados han aumentado esta sensación. Varios funcionarios temen verse llamados como testigos, peritos o incluso investigados por decisiones que, aseguran, se tomaron «al más alto nivel político».

El efecto Pardo de Vera

Isabel Pardo de Vera ha mantenido desde su salida del Gobierno una estrategia de silencio absoluto, evitando declaraciones públicas y desmarcándose de cualquier análisis sobre su etapa en Adif y Transportes.

El encaje político entre el ministerio, Adif y los promotores del proyecto (con BBVA y la dirección de Distrito Castellana Norte como actores centrales) ha sido ya objeto de múltiples artículos, denuncias y análisis jurídicos. Pero lo que hoy inquieta a los funcionarios no es la política, sino la posibilidad real de que vuelva a abrirse un proceso exhaustivo de revisión documental, «más allá de lo que pueda encontrarse». Preocupa «el proceso en sí».

Con los casos recientes en los que se investigan comisiones, pagos irregulares o intermediarios vinculados a contratos del Estado, en Adif dan por hecho que la presión judicial crecerá. Y si el foco regresa a Madrid Nuevo Norte, muchos dentro de la entidad temen que lo que hasta ahora se veía como una operación «ya superada» se convierta en un nuevo frente legal con efectos imprevisibles.