Las empresas lamentan que la Administración deje 4.000 millones en contratos desiertos: «Nadie quiere perder dinero»

El bloqueo del estrecho de Ormuz, el auge en los precios de la energía y la inflación han provocado una situación insostenible: el incremento de licitaciones desiertas que paraliza 4.011 millones de euros provenientes de las arcas públicas, un 86,1% más que en 2021. En este sentido, la Administración se enfrenta a una situación sin precedentes debido al elevado volumen de partidas que se quedan paralizadas. 

El elevado número de licitaciones que han quedado desiertas en 2025 apunta a un desajuste creciente entre los precios fijados por la administración y las condiciones reales del mercado.

Diversos sectores alertan de que los presupuestos base de licitación no siempre incorporan el impacto de la inflación, el encarecimiento de materias primas o el aumento de los costes laborales. Esto reduce el interés de las empresas en concurrir.

A ello se suma, en muchos casos, la rigidez de los pliegos y la complejidad administrativa, factores que incrementan los costes indirectos de participación y desincentivan especialmente a pymes y proveedores locales. Además, las instituciones licitadoras también sufren un problema de comunicación a la hora de publicitar unos concursos públicos que, en muchas ocasiones, no llegan hasta las empresas más capacitadas para prestar el servicio.

Presupuestos congelados

Entre los presupuestos congelados en licitaciones desiertas en 2025 destaca la Comunidad de Madrid, con 787,1 millones de euros. Le sigue la Comunidad Valenciana (709,1 millones) y Andalucía, con 458 millones de euros.

Salvador Alarcón, director comercial de Doubletrade España, explica que las empresas están evitando contratos que no son viables; además, «si los costes no están bien cubiertos, directamente no se presentan», añade.

Actualmente, el importe medio por licitación desierta supera los 408.000 euros. Como consecuencia, se ha paralizado la ejecución de miles de obras y servicios. 

También la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) pide al Gobierno que tenga en cuenta la vulnerabilidad del sector ante una nueva espiral inflacionista, cambiando la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para que no se aplique a los contratos públicos y se revisen los precios de manera automática.

Mariano Sanz, secretario general de la CNC explicó que con la subida de costes y la inflación, acudir a proyectos en los que tienen precios antiguos sale a perder dinero. Añadió que muchos pliegos se elaboraron hace años, con precios de materiales y de mano de obra que ya no son realistas. «Nadie trabaja para perder dinero, menos en un momento en que hay actividad y demanda en el mercado privado», señala Sanz.

Los expertos señalan tres claves para solventar este problema estructural: asegurar que los precios cubran los costes laborales y operativos, revisar los precios durante la ejecución del contrato y simplificar los procesos para que las pymes puedan presentarse.

Sectores que concentran más bloqueo

Además, el análisis de la contratación que queda desierta revela que las actividades no residenciales absorben cerca del 14,9% del total (1.731 millones de euros).

Le siguen los servicios generales, con un 13,4% (1.558 millones), y los servicios inmobiliarios, aparcamientos y ascensores, que representan un 9,2% (1.068 millones). 

También destacan los contratos relacionados con vehículos, transporte y mercancías, con un 8,9% (1.029 millones), y la recogida de basuras y limpieza viaria, que concentra un 5,9% (683 millones).

«Cabe destacar que muchas de las licitaciones públicas que se han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, por lo que la demora puede provocar la pérdida de esta subvención», analiza Alarcón.

Mapa de las licitaciones desiertas en España

Según revela el informe, la licitación con mayor presupuesto que se quedó colgada ha sido en Valencia, donde se preveía el aprovechamiento de 4 parcelas de propiedad municipal para la construcción de viviendas de protección pública con destino a alquiler, presupuestada en más de 413,5 millones de euros. La segunda licitación desierta de mayor importe fue la concesión de obras para la construcción, conservación y explotación del Centro de Operaciones de La Elipa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT); para el que se le había asignado más de 366,7 millones de euros.

El pódium lo cierra el suministro de energía eléctrica para la ampliación del Polígono Industrial Las Viñas I, en Castilla y León, con 186,6 millones de euros asignados.

Otros concursos cuantiosos que se quedaron sin distribuir fueron el servicio de mantenimiento de algunos trenes comerciales de Renfe (136,2M€); el servicio de transporte urbano de Guadalajara (63,2M€); o la concesión de obras para la construcción de edificio de aparcamientos y su posterior explotación en Ronda, Málaga (56,7M€).