La jueza de la DANA cita a Feijóo como testigo para conocer de qué le informó Mazón

La jueza que investiga la gestión de la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024 ha citado a declarar, en calidad de testigo, al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, según se desprende de un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Núñez Feijóo será el segundo líder del PP llamado por la juez en calidad de testigo, tras el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, a quien convocó la magistrada en las vísperas de su investidura por las conversaciones telefónicas mantenidas con la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas y con el ex president, Carlos Mazón. Las dos llamadas con Pradas sumaban 23 segundos, como publicó OKDIARIO.

De esta forma, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha aceptado la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, de llamar a declarar a Feijóo.

En su auto, la magistrada explica que el testigo podría aclarar los comentarios y comunicaciones que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo haber realizado el 29 de octubre de 2024 a raíz de las conversaciones que mantuvo con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en este caso, sobre la información que se iba recibiendo durante la emergencia.

La jueza hace referencia al criterio utilizado previamente por la Audiencia de Valencia, que autorizó la citación como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, quien había mantenido un encuentro con Mazón. En ese caso, la citación se basó en la incertidumbre sobre lo que Mazón pudiera haber comunicado, mientras que en esta ocasión, según subraya la magistrada, existe una certeza derivada de las declaraciones públicas realizadas por Núñez Feijóo, quien afirmó: «El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real».

El auto también establece que se ponga en conocimiento de Feijóo la posibilidad de aportar voluntariamente, en un plazo de cinco días, el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y conversaciones por WhatsApp que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el mismo día 29 de octubre de 2024, en relación con la DANA y la gestión de la emergencia.

Con esta citación, la investigación busca esclarecer la comunicación y coordinación entre las autoridades valencianas y el liderazgo nacional durante los días críticos de la DANA, así como determinar posibles responsabilidades en la gestión de esta grave catástrofe meteorológica.

La citación de Alberto Núñez Feijóo, como testigo, se suma a las que ya se produjo a otro destacado miembros del Partido Popular. Este es el caso de Juan Francisco Pérez Llorca, a quien la juez llamó en calidad de testigo en vísperas de su elección como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Pérez Llorca intercambió unas breves llamadas con la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y con el propio Mazón.

En el caso de las llamadas entre Salomé Pradas y Pérez Llorca el día de la DANA, tal como publicó OKDIARIO el pasado 6 de noviembre, sumaban 23 segundos de conversación. Una de las llamadas duró 9 segundos. Y, la otra, 14.

No se ha producido citación alguna en calidad de testigos a lo largo de los 13 meses de instrucción de ningún ministro ni del presidente del Gobierno. De hecho, tal como publicó OKDIARIO en abril de este 2025, la juez rechazó la diligencia solicitada por una acusación particular para librar escrito a la Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional para que ambos certificasen si el presidente Pedro Sánchez convocó o no el Consejo de Seguridad Nacional en el día de la devastadora riada.

Sánchez, al igual que dos de sus ministros, Margarita Robles y Grande Marlaska, y que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, sí fue llamado por la comisión parlamentaria de la DANA en las Cortes Valencianas. Sin embargo, no acudió, bajo la excusa de que los miembros del Gobierno rinden cuentas ante el Congreso y el Senado y no ante los parlamentos autonómicos.