La juez de las VPP de Alicante llama a 2 funcionarios y un cargo autonómico para ratificar sus informes

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 23/03/2026 16:54
  • Actualizado: 23/03/2026 16:54

La titular de la Plaza Número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante (antiguo Instrucción 5), María Amparo Rubio, ha dictado una providencia mediante la que acuerda, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar, el miércoles 15 de abril, en calidad de testigos, a dos funcionarios y un cargo de la Consellería de Vivienda. Todo ello, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El objeto de la comparecencia son los informes emitidos en su día por la Administración autonómica en relación con el caso de las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas de protección oficial (VPP) de la promoción Residencial Les Naus. Ubicada esta última en la turística Playa San Juan, también en Alicante. 

En concreto, los testigos llamados por la juez son el director territorial de la citada consellería, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda y el secretario territorial adjunto, todos de la delegación de la mencionada consellería en la provincia de Alicante.

Además, la magistrada ha decidido librar un oficio a la Consellería de Vivienda a fin de que manifieste si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de vivienda o si ha sido auxiliado por empleados públicos. Esto es, por otros funcionarios. En este último caso, la Consellería deberá identificar a esas personas y sus cargos o puestos en el organigrama institucional.

Las diligencias solicitadas se producen después de que la Fiscalía pidiera a la juez en un escrito de 14 de febrero, adelantado en su día por OKDIARIO, que se pidiera a los Servicios Territoriales de la Consellería de Vivienda un informe elaborado por funcionario o autoridad competente acerca del proceso seguido para la selección y adjudicación a los adquirientes, la documentación presentada por los adjudicatarios. Cuatro días después, el 18 de febrero, la juez pidió que se oficiase al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de Consellería de Vivienda y a la Cooperativa Residencial Les Naus la documentación solicitada por el Ministerio Fiscal.

Hay que recordar que la Fiscalía solicitó en ese mismo informe que se dirigiera la denuncia «inicialmente» y sin que por ello «deban tener la condición de investigados» a la edil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ya dimitida; la Jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de la misma ciudad, María Pérez-Hickman, quien también ha renunciado a su cargo de directora general de Régimen Interno del Consistorio; al arquitecto municipal y beneficiario de una vivienda, Francisco Nieto; al administrador único de la mercantil Fraorgi SL, que actuó como gestora de la Cooperativa Residencial Les Naus, Francisco Ordiñana; y al Jefe de la Sección de Vivienda Protegida, Roberto Portilla.

El caso, inicialmente objeto de la investigación de la Fiscalía, ante las denuncias de la Consellería de Vivienda, el Ayuntamiento de Alicante y el Grupo Municipal Socialista en ese Consistorio, se encuentra en manos de la titular de la Plaza Número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que se hiciera cargo de la denuncia presentada por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ante el Juzgado Decano, el pasado 5 de febrero. El 11 del mismo mes, la denuncia fue admitida por el juzgado antes citado.

En concreto, Manos Limpias dirigía esa denuncia por los presuntos delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociación prohibida a funcionarios, contra la ex edil de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez; la ex directora general y directora de Contratación, María Pérez-Hickman; el arquitecto del mismo ayuntamiento, Francisco Nieto; la también arquitecta municipal, Elsa Lloret; el funcionario de ese consistorio, jefe del servicio de vivienda y protección oficial; el notario, José María Izaguirre y, también, el presidente, la vicepresidenta, la secretaria y el administrador único de la cooperativa de viviendas de Fraorgi.