El Consell pide al Supremo que eleve a Europa sus dudas sobre la regularización masiva de Sánchez

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 30/06/2026 19:18
  • Actualizado: 30/06/2026 19:18

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo (TS) en las que de facto solicita al alto tribunal que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la legalidad del decreto que establece el proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España. Las alegaciones de la Generalitat se producen después de que el Supremo emitiera una providencia, a raíz del recurso presentado por el Consell contra el citado real decreto.

El Gobierno valenciano considera que la aplicación del proceso puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez afecta de forma directa a la organización, financiación y prestación de servicios públicos en territorio valenciano.

Según el Gobierno valenciano, el TS manifiesta en su providencia dudas acerca de la legalidad del citado decreto, porque podría entrar en colisión con las normas de la Unión Europea, y da un plazo de cinco días para que la Abogacía de la Generalitat presente sus alegaciones.

La Generalitat ha presentado esas alegaciones este martes, 30 de junio. Y en ellas contempla, entre otras cuestiones, que el Real Decreto que ha puesto en marcha la regularización masiva «no es una mera reforma técnica de la ley de extranjería, sino una regularización extraordinaria y masiva de personas en situación irregular, aprobada por vía reglamentaria y con efectos potenciales sobre cientos de miles de personas».

Advierte también la Generalitat que la medida adoptada por Sánchez y su gobierno puede afectar no solo a España, «sino al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, especialmente por sus efectos sobre asilo, retorno y circulación Schengen».

Considera, además, el Consell, que el Estado habría actuado de forma unilateral, sin coordinación suficiente con la Comisión Europea ni con los demás Estados miembros, justo antes de la plena aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

No obstante, la Generalitat Valenciana pide también al Supremo que no espere a plantear la cuestión prejudicial al TJUE para resolver las medidas cautelares, ya que, según alega, «si no se suspende ya la norma, la citada medida cautelar perderá el sentido». Y ello, porque el plazo de solicitudes terminaba este 30 de junio y los efectos de la regularización podrían hacerse efectivos de inmediato.