La consejera de Justicia valenciana da datos en las Cortes de un informe bajo secreto de sumario
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Gabriela Bravo, la consejera de Justicia del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, ha dado hoy, desde la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas, datos en torno a un informe de la Guardia Civil que se encuentra bajo secreto de sumario porque forma parte de las diligencias del caso que investiga en sede judicial las presuntas irregularidades en subvenciones públicas a las empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano del citado Ximo Puig. En concreto, Gabriela Bravo ha afirmado desde esa tribuna que «la Administración, ahora, no se puede personar porque a pesar de los 388 folios del informe de la Guardia Civil no hay ni un solo párrafo que concluya que la cantidad obtenida de forma irregular supere los 120.000 euros. No lo sabe. No lo dice el informe».
Si los escándalos que día tras día se van revelando en torno al caso del hermano de Ximo Puig no son suficientes, hoy, se ha producido otro superlativo en las Cortes Valencianas. Todo ha arrancado cuando la presidenta del Grupo Parlamentario Popular Eva Ortiz ha preguntado a la consejera de Justicia Gabriela Bravo cúando se iba a presentar como acusación la Generalitat Valenciana en el caso en que está imputado el hermano del citado Ximo Puig.
En estas sesiones, cada parlamentario que hace la pregunta tiene 2 turnos de intervención, y otros tantos el presidente o consejero del Gobierno valenciano a quien vaya dirigida esa pregunta. El primer turno ha transcurrido sin nada destacable, pero en el segundo ha estallado el escándalo. Eva Ortiz se ha mostrado muy crítica y ha insistido tanto en la pregunta -¿cuándo se presentará la Generalitat Valenciana como acusación en el caso en que está imputado el hermano de Ximo Puig?- como en los daños que entiende que ese caso está produciendo a las arcas públicas de la Comunidad Valenciana.
Para responderle, Gabriela Bravo se ha dirigido hasta la tribuna de oradores y, desde allí, ha comenzado su intervención con toda solemnidad: «La Administración -ha dicho- ahora, no se puede personar porque a pesar de los 388 folios del informe de la Guardia Civil no hay ni un solo párrafo que concluya que la cantidad obtenida de forma irregular supere los 120.000 euros. No lo sabe. No lo dice el informe».
Estas palabras han desatado de inmediato la indignación de la bancada popular, porque en apenas unas pocas frases Bravo ha desvelado que hay un informe de la Guardia Civil, que tiene 388 folios y que no hay un solo párrafo que concluya que la cantidad obtenida de forma irregular supere los 120.000 euros. Pero es que, además, a continuación, por si había alguna duda, ha afirmado que «no lo dice el informe».
Se da la circunstancia de que las diligencias de este caso se encuentran bajo secreto de sumario. Por tanto, sólo las conocen el juez y las partes. Gabriela Bravo no está personada en la causa y la Generalitat Valenciana, tampoco. Por tanto, ni es juez ni es parte, y no debería saber ni el número de páginas ni el contenido del citado informe.
Sorprende además todo lo sucedido en una persona de la experiencia de Gabriela Bravo. Es fiscal y desde 2008 a 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ya en junio de 2015 se incorporó como consejera de Justicia del Gobierno valenciano, por lo que esta es su segunda legislatura en el cargo.
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