Los oceanógrafos ponen el grito en el cielo: el 89% de los espacios marinos protegidos en Canarias sufre la falta de gestión activa

Durante años se ha hablado de como Canarias avanza en protección marina con un mayor nivel de superficie protegida, más figuras legales y más presencia en estrategias europeas. Sin embargo, un nuevo estudio que ha puesto el foco en los espacios marinos protegidos en Canarias ha avisado sobre la falta de gestión.

El documento Estado de las Áreas Marinas Protegidas en Canarias 2026 rompe con esa visión complaciente sobre el cuidado y protección de los espacios marinos canarios. Según los datos del informe el 21,7 % del mar canario tiene algún tipo de protección legal, pero eso no significa que esté realmente protegido. De hecho, menos del 1 % cuenta con protección estricta y sólo una pequeña parte tiene una gestión activa detrás. Es decir, que la red ha crecido en extensión, pero no en eficacia. Y eso, según los expertos, es el verdadero problema.

El 89% de los espacios marinos protegidos en Canarias sufre la falta de gestión activa

El estudio, elaborado dentro del proyecto MPAs Canary Islands, es el primero que analiza con detalle cómo funcionan realmente estas áreas. No se limita a medir cuántas hay, sino cómo se gestionan y qué resultados ofrecen.

Para hacerlo, los investigadores han aplicado la metodología internacional The MPA Guide, impulsada por expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este sistema permite diferenciar entre lo que es protección «declarada» y lo que es protección efectiva. Y ahí llegan las cifras que han generado preocupación: sólo el 11 % de las áreas marinas protegidas en Canarias cuenta con un sistema de gestión activa. El resto, en mayor o menor medida, funciona sin seguimiento continuo, sin evaluación periódica o sin medidas claras que aseguren su conservación. Ese vacío de gestión es lo que explica que muchos científicos hablen directamente de una falta de gobernanza en la mayoría de los espacios protegidos.

Una red que depende en gran parte de Europa

Gran parte de estas áreas están integradas en la Red Natura 2000, el principal instrumento de la Unión Europea para proteger hábitats y especies. A esto se suman otras figuras como las Reservas Marinas de Interés Pesquero, repartidas entre islas como La Palma, El Hierro o La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote.

Es decir que el sistema de protección existe pero según el informe, no basta con delimitar zonas si luego no se actúa sobre ellas. La investigadora que ha formado parte del estudio, Eva Meyers explica que ampliar superficie no sirve de mucho si no hay gestión, seguimiento ni evaluación que permita saber si las medidas funcionan.

Un entorno privilegiado, pero cada vez más exigido

Y todo esto ocurre en un lugar que debería preocuparnos más, ya que las aguas de Canarias están consideradas uno de los puntos con mayor biodiversidad marina del Atlántico nororiental. Su origen volcánico, la influencia de la Corriente de Canarias y los procesos de afloramiento crean un ecosistema muy singular, en el que conviven al menos 30 especies de cetáceos, varias tortugas marinas y uno de los últimos refugios del angelote, un tiburón en peligro crítico. Es decir, hablamos de un entorno con un valor ecológico enorme.

Pero también es un espacio sometido a presión constante. El estudio señala varias: urbanización de la costa, contaminación, sobrepesca, turismo intensivo y la llegada de especies exóticas. De hecho, ya se han registrado 76 especies invasoras marinas en la zona, la cifra más alta de toda la región.

El reto europeo de no sólo llegar al 30 %, sino hacerlo bien

Europa ha marcado como objetivo proteger el 30 % del océano antes de 2030, con al menos un 10 % bajo protección estricta. España está dentro de ese compromiso, y Canarias aparece como una pieza clave para lograrlo. Según los expertos, el archipiélago puede cubrir buena parte del porcentaje que le falta al país, tanto por extensión como por valor ecológico. Pero el informe insiste en algo que se repite varias veces: el problema no es solo cuánto se protege, sino cómo. Por eso, más allá de crear nuevas áreas, la prioridad debería centrarse en mejorar las que ya existen.

Al final, después de poner los datos encima de la mesa, el informe deja entrever algo que se repite bastante en este tipo de estudios y es que no todo pasa por declarar más espacios protegidos, sino por hacer que los que ya existen funcionen de verdad. Y ahí es donde sitúan el foco. Los expertos hablan, sobre todo, de reforzar lo básico, que es justo lo que ahora falla. Con más recursos, sí, pero también más control, más seguimiento en el día a día y planes que no se queden desactualizados con el paso del tiempo. Porque muchas de estas áreas siguen funcionando con esquemas pensados hace años, en un contexto que ya no es el mismo.

También ponen el acento en algo menos visible pero clave y es que que las zonas protegidas no actúen como «islas» independientes. La idea es que haya conexión entre ellas y que, además, se trabaje de forma coordinada con otros territorios cercanos del Atlántico, desde Azores hasta la costa africana. Al final, el mar no entiende de fronteras. Mientras tanto, siguen avanzando propuestas para ampliar la red, como el proyecto del Mar de Las Calmas en El Hierro o el futuro parque de Guguy en Gran Canaria. Pero incluso aquí el mensaje es prudente: ampliar está bien, pero sin gestión detrás el problema se repite.