¿Vuelta al cañellismo?

Game over. La primera legislatura de Marga Prohens está vista para sentencia y no cabe esperar mucho más de ella. Llevamos un año y cinco meses de gobierno en solitario de Prohens y, pese a su insistencia en sus «políticas de cambio», lo cierto es que no vemos ni divisamos ningún cambio por ninguna parte. Dicen que es pronto para revertir las políticas del octenio negro armengolino, pero lo cierto es que el tiempo corre rápido y ninguno de los grandes problemas que el PP prometió atajar tiene visos de solucionarse.

Dice Milton Friedman en su obra La tiranía del statu quo, un título revelador, que toda reforma que no se empiece a acometer en los primeros nueve meses de gobierno, ya no se va a realizar en lo que queda de legislatura, precisamente porque el statu quo, recuperado del vuelco electoral, tratará de impedirla por cualquier medio.

Tras casi año y medio de Govern Prohens, las carreteras siguen colapsadas, los autobuses, el metro y los trenes, saturados y sin maquinistas, sin que Prohens a día de hoy se haya atrevido a anular la gratuidad del transporte público, lo primero que habría hecho un liberal marca de la casa. La vivienda, inasequible. Las listas de espera tan largas como siempre, con el agravante de que en enero, si finalmente a los funcionarios de Muface se les expulsa al sistema común de la Seguridad Social, va a empeorar.

Con la única excepción de un nuevo colegio de Campos, la primera obra que ha inaugurado Prohens, seguimos con los mismos barracones escolares heredados por Martí March y que este heredó a su vez de Núria Riera en 2015. Seguimos sin saber si el nivel académico de los alumnos ha mejorado o empeorado a la espera de que el consejero de Educación, preocupado por todo menos por lo importante, haga una valoración de los informes PISA 2022 o de las pruebas de diagnóstico a mitad de ciclo realizadas el pasado mes de mayo. La tiranía lingüística continúa sin obstáculos gracias al temor reverencial de este PP de socarrel, que «ama el catalán y siempre habla en esta lengua» a patronales, sindicatos docentes y directores de centro. El adoctrinamiento escolar en los objetivos de la Agenda 2030, inamovible. El servicio de taxi, desesperante, mientras los presuntos liberales ponen obstáculos a las licencias VTC. Pasar la ITV a tiempo, una utopía. La delincuencia y la inseguridad efecto de la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, agravadas. La toma de decisiones para hacer frente a la «masificación turística», en manos de una mesa de sostenibilidad que está discutiendo sobre cómo desbaratar lo único que funciona en Baleares porque está relativamente libre de la casta política: la economía.

Corre el tiempo y el gobierno en solitario del PP se está viendo desbordado por una realidad meridiana: sacar un proyecto adelante cuesta Dios y ayuda debido a la formidable telaraña de intereses creados, derechos consolidados, una ley de contratos imposible, inseguridad jurídica, rechazo de la izquierda a cuestionar ninguno de sus dogmas, rechazo de los medios, yuxtaposición de departamentos decidiendo sobre lo mismo y una jungla normativa que entre todos nos hemos dado. Una superestructura burocrática infernal creada por políticos y a mayor gloria de los políticos para enchufar a sus militantes, amigos y familiares.

Con la llegada de la auto-nomía (auto: propio, nomos: ley) se nos vendió que con políticos cerca de los problemas a solucionar tendríamos mayor capacidad de decisión, seríamos más rápidos, precisos, eficaces, eficientes y respetuosos con los derechos de todos. La cruda realidad nos está mostrando todo lo contrario. El Estado de las Autonomías es un fracaso menos para las formaciones políticas, los funcionarios y los analistas políticos, los únicos que hacen su agosto todo el año.

Hemos perdido la edad de la inocencia y algunos también la edad de la paciencia. Ya no leemos libros sobre la superioridad del liberalismo sobre el socialismo ni cómo se entreveran ambos en las socialdemocracias, sencillamente echamos mano de los economistas de la Public choice para leer entre líneas cómo el statu quo político, económico, burocrático y cultural toma sus decisiones y a qué intereses obedecen. Ya no nos dejamos engatusar por los anuncios de Marga Prohens, mil veces repetidos por sus predecesores, de «reindustrializar» el país, «diversificar» la economía o poner en marcha trenes en un horizonte temporal de ocho años mientras los accesos a Palma siguen colapsados, las autopistas saturadas y los trenes abarrotados sin que hasta día hoy la autonomía que entre todo nos dimos haya sido capaz de eliminar el carril bus-VAO.

¿Pero cómo se va a reindustrializar o diversificar la economía isleña si cada nueva inversión que se propone, pongamos la granja avícola de Sineu, se enfrenta a múltiples obstáculos por sus externalidades negativas y a la trituradora primero mediática, después política y por último burocrática que se amolda a los gustos e intereses de cualquier movimiento vecinal (Not In My BackYard) con capacidad de extorsión? ¿Desde cuándo las leyes que entre todos nos dimos deben subordinarse a la opinión del alcalde de Sineu que por «sensibilidad» se opone a la granja avícola, como le recordaba el otro día Sergio Rodríguez en la cámara balear a los diputados del Partido Popular, cuya única máxima de acción parece ser la de no molestar a nadie?

La Administración se ha convertido en una máquina de impedir cualquier iniciativa económica, un Leviatán al servicio de aquellos lobbies más ruidosos con impacto en los medios de comunicación. Siempre el establishment encontrará algún resquicio legal en la frondosa normativa autonómica para prohibir lo que quiera, desde una urbanización, a un agroturismo, a una granja, a una cantera, a una discoteca. A costa, habitualmente, de una suculenta indemnización, claro. Puede afirmarse sin exagerar que todos los problemas que tenemos en enseñanza, sanidad, inmigración descontrolada, transporte público, recursos hídricos, saturación viaria o vivienda han sido generados por la propia clase política que luego se ofrece a solucionarlos, poniendo a la zorra a cuidar del gallinero.

Resulta gracioso que algunos tiren las campanas al vuelo por el anuncio de un tren que echará a andar en ocho años… cuando en la legislatura 2003-2007, la segunda de Jaume Matas y la primera de Mabel Cabrer, se construyeron varias autovías en Mallorca e Ibiza, se ampliaron otras tantas, se hicieron un sinfín de rondas de circunvalación para desviar el tráfico del interior de los pueblos, se levantó la estación intermodal, se canalizó el agua de Sa Costera, se puso en marcha el metro a la UIB, se mejoró el tren a Manacor con más frecuencias y una mayor seguridad y comodidad, se levantaron colegios públicos, centros de día, desaladoras, residencias, un velódromo y un largo etcétera.

Desde entonces, no se ha hecho nada de nada. A Matas se le podrán reprochar muchas cosas, pero la verdad es que, desde el punto de vista del ciudadano y de sus votantes, hizo lo que debía en materia de infraestructuras, al margen de la suerte electoral y judicial que corriera después. Desde entonces los partidos aprendieron la lección de que no vale la pena hacer nada por estas islas y que la mejor política para ganar elecciones es la de no enfadar ni causar incomodidad ni molestias a nadie, sobre todo al establishment, desde los hoteleros hasta los maestros, desde el GOB hasta la OCB, desde UH hasta el DM. Qui passa anys, dies empeny.

Y esto vale tanto para Francina Armengol como para Prohens ya que ambas beben del espíritu pusilánime y miedoso del venerado Gabriel Cañellas de evitar coger el toro por los cuernos, de esta actitud tan conciliadora de no pelearse con nadie y tener contento a todo el mundo a costa de que las cosas sigan tan mal como siempre, sólo que las competencias y el presupuesto que gestionaba Cañellas nada tiene que ver con el que ahora mismo maneja Prohens. A mayor poder, más responsabilidad, no menos. Los amarrateguis Prohens, Costa y Sagreras han decidido apostar a no perder, a no cometer «errores» en educación e infraestructuras que les puedan suponer algún coste electoral, en definitiva, poner la supervivencia partisana por encima de los intereses de los ciudadanos y la propia derecha sociológica que los aupó al poder.

Sin abordar ninguna de las infraestructuras necesarias y retrasándolas sine die, sin embargo, el gasto autonómico no ha dejado de aumentar año tras año, 200 millones más de techo de gasto este año. Nuestros políticos autonómicos no encuentran dinero para hacer ninguna infraestructura, Prohens va a Madrid a mendigar un convenio ferroviario a Pedro Sánchez, un bochorno a mayor gloria de Tòfol Soler que fue quien negoció la competencia de infraestructuras hace cuarenta años y se negó a que Madrid las financiara a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, de ahí la necesidad de estos «convenios» con grados de ejecución pavorosos.

La práctica totalidad del presupuesto autonómico se destina a pagar nóminas de unos servicios públicos cada vez peores y de una industria política gigantesca cuyos estudios, informes, anuarios y mesas «participativas» sólo son capaces de evacuar decisiones adornadas por los mismos tópicos que aburren hasta a las ovejas como la dichosa diversificación, la protección del territorio, la sostenibilidad, la inclusividad, la integración o la conciliación en una tierra donde cada vez son menos los autóctonos que quieren trabajar y más los que quieren vivir del cuento gracias a la providencia de la Mamá-Estado autonómica.

Ninguno de estos políticos, sin embargo, ha creado ningún puesto de trabajo en su vida ni ha emprendido ninguna iniciativa empresarial realmente innovadora que se desmarcara del maldito monocultivo turístico que, paradójicamente, no para de crecer en medio de tanta retórica inane. Eso sí, los políticos no dejan de aplaudirse a sí mismos todos los martes en sus sesiones plenarias. «¿Por qué se aplauden a sí mismos?, me preguntaba alguien ajeno a la política mientras yo me entretenía viendo las preguntas de control y las evasivas de responder del Govern. No supe qué contestarle.

Tan habituados estamos a la liturgia parlamentaria que no nos damos cuenta del ridículo que hacemos. A nuestras señorías parlamentarias les bastaría con 60 días al año, como en las legislaturas de los estados federales de los Estados Unidos, algunos como Texas y Florida con una población de varias decenas de millones de habitantes. Tiempo suficiente para aprobar la ley de presupuestos, la de acompañamiento y algunas reformas legislativas urgentes. Y hasta el año que viene.