caso varadero

Ratifican ante el juez la querella por corrupción contra el vicepresidente balear y ex juez Yllanes

El vicepresidente balear, Juan Pedro Yllanes, en el Parlament.
El vicepresidente balear, Juan Pedro Yllanes, en el Parlament.
Miquel Ángel Font

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha reiterado este lunes que el llamado caso Varadero desvelado por OKDIARIO no existe y ha argumentado que ya se han dado las «explicaciones oportunas». Las declaraciones de Negueruela se producen justamente este lunes cuando ha sido ratificada ante el juez la querella contra el ex juez de Podemos, y vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, por este caso de corrupción.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Negueruela ha expresado su «total apoyo» al vicepresidente Yllanes, que también es el conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

El denominado caso Varadero versa sobre la falsificación de un documento público por parte del Govern balear que preside la socialista Francina Armengol con la finalidad de beneficiar a determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas.

La querella contra Yllanes, hoy ratificada ante el juez, se presentó el pasado día 22 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma y en la misma se le acusa de un posible delito de encubrimiento de los hechos ya denunciados anteriormente ante la Justicia relacionados con la mencionada falsificación de un documento público. Lo que se presentó realmente es una ampliación de una primera querella que ya tramita el mencionado juzgado a raíz de la denuncia presentada por la empresa líder del sector náutico Grupo Fabkina que, a su vez, es la principal perjudicada por este caso de corrupción.

La parte querellante solicita que se investigue si Juan Pedro Yllanes, en su condición de máximo responsable de la Conselleria de Sectores Productivos, «tuvo conocimiento de los hechos denunciados desde antes de que se interpusiera la primera querella y si a pesar de ello no hubiera emprendido acción de algún tipo para esclarecer y subsanar tales irregularidades o supuestos ilícitos… negando de forma continuada en el tiempo la comisión de tales hechos».

Según el escrito de la querella ratificada ante el juez, Yllanes ha sostenido de forma reiterada, incluso en el Parlament, que «todos los procedimientos administrativos y resoluciones adoptadas se han tramitado de conformidad a Derecho, un hecho que provoca la firme sospecha de que ha existido un concierto entre el conseller y los funcionarios a su cargo para la comisión y ocultación de los presuntos delitos que se investigan».

En el caso ya están imputados dos cargos de las Conselleria de Yllanes, el director general de Industria, Antonio Morro Gomila, y la directora de los servicios jurídicos de la Conselleria, Teresa Relea. Ambos prestaron declaración ante el juez el pasado miércoles y fueron interrogados por la falsificación del documento público antes mencionada.

Posteriormente a las declaraciones de los dos investigados, el Grupo Fabkina presentó el informe pericial desvelado hoy por este digital que demuestra que, en efecto, existió una falsificación de documento público.

A  pesar de todos ello, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha expresado este lunes su «total apoyo» al vicepresidente, y ex juez, Juan Pedro Yllanes.

Como ha ido informando OKDIARIO, el caso Varadero  fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por el Grupo Fabkina. Denunció concretamente posibles delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria del ex juez  Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después, el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.

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