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TRIBUNALES

Un paraguayo ilegal desnuda a su compañera de piso mientras dormía en Ibiza y abusa de ella con violencia

El acusado aprovechó que la víctima había consumido alcohol para entrar de madrugada en su dormitorio y agredirla sexualmente

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este lunes para juzgar a un inmigrante ilegal de origen paraguayo acusado de agredir sexualmente a su compañera de piso mientras dormía en Ibiza.

De acuerdo con el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el pasado 21 de enero de 2023. El encausado se aprovechó del estado de la víctima, quien había ingerido bebidas alcohólicas previamente y se encontraba durmiendo en su respectiva habitación dentro del inmueble comunitario. Con el único propósito de satisfacer sus deseos libidinosos, el individuo accedió al dormitorio, despojó a la afectada de sus prendas de vestir y se colocó encima de ella.

A pesar de que la mujer se despertó de forma inmediata y manifestó explícitamente su rotunda negativa a mantener cualquier tipo de relación, el varón persistió en su actitud. Para lograr su cometido, el acusado no dudó en emplear la fuerza física, agarrándola firmemente por el cuello y las extremidades superiores. Esta situación desencadenó un tenaz forcejeo por parte de la víctima para intentar librarse de su agresor.

Tras lograr zafarse, la perjudicada emprendió la huida por las diferentes estancias de la vivienda, siendo perseguida por el hombre a través del salón y la cocina. Finalmente, la víctima consiguió regresar a su cuarto, atrancar la puerta para protegerse y contactar telefónicamente con sus familiares con el fin de solicitar auxilio urgente.

Como resultado directo de la agresión física, la mujer sufrió múltiples lesiones corporales. Asimismo, padece desde el día del suceso un grave cuadro de temor, ansiedad y desasosiego psicológico.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal califica lo sucedido como un delito contra la libertad sexual y otro de lesiones. La acusación pública solicita para el procesado una pena de tres años y seis meses de prisión.

De igual modo, la Fiscalía reclama la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros durante un periodo de seis años, así como el pago de una indemnización de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados.