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Palma quiere declarar persona ‘non grata’ al secretario de Memoria de Sánchez por querer tirar Sa Feixina

Vox quiere que el socialista Fernando Martínez se sume al ya reprobado presidente del Gobierno

Considera que querer derribar un monumento que está protegido por la ley que roza la prevaricación

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Como ya sucediera con el presidente Pedro Sánchez Vox exige declarar persona non grata en Palma al secretario de Estado socialista de Memoria Democrática, Fernando Martínez, por querer tirar Sa Feixina, pese a todas las sentencias judiciales que avalan la protección de este monumento que en 2010 fue despojado de toda simbología franquista, y adaptado a la Ley de Memoria.

La decisión final la adoptará el pleno que el Ayuntamiento celebrará el jueves día 30 de abril, y donde saldrá adelante si el gobierno en minoría del PP la apoya, como ya sucedió cuando fue así declarado el presidente Sánchez.

Vox recuerda que el secretario de Estado de Memoria Democrática del PSOE, Fernando Martínez, acordó el pasado mes de marzo la retirada del monumento de Sa Feixina, construido en 1948 en homenaje a las víctimas del crucero Baleares. Por ello comunicó su inclusión en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, en contra de todas las sentencias legales que avalan su protección, y de lo aprobado por el mismo pleno municipal.

En concreto, el 26 de marzo el Ayuntamiento, con los votos a favor de PP y Vox acordó la modificación del Plan General para catalogar con la máxima protección este monolito que la justicia balear declaró en 2020 Bien Catalogado, otorgándole una de las máximas protecciones de la ley autonómica balear.

El TSJB ya sentenció en 2021 que el monolito recuperó su finalidad originaria de homenaje a todas las víctimas, tras ser despojado de la simbología franquista hace tres lustros a lo que hay que añadir el hecho de que el Tribunal Supremo cerró cualquier debate al respecto, al inadmitir los recursos de las entidades que pedían el derribo, otorgando a la permanencia del monumento el valor de cosa juzgada.

Por ello, expertos juristas sostienen que la resolución del secretario socialista de Estado, no solo vulnera el artículo 118 de la Constitución, que obliga cumplir las sentencias firmes, sino que entra en colisión directa con el convenio de salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa, que obliga a España a proteger estructuras de destacado interés histórico y artístico como la referida.

Para colmo, el Gobierno socialista, aunque hay notables ejemplos de ello en todos los ámbitos, incumpliría su propia Ley de Memoria Democrática. En concreto, el artículo 35.6 de dicha norma, excluye de la retirada aquellos elementos donde «concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley», precisamente el blindaje que los tribunales han otorgado al monolito de Palma.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez por ello, según Vox, «está bordeando la prevaricación administrativa, tipificada en el artículo 322 del Código Penal para aquellos funcionarios que resuelvan a favor del derribo de edificios protegidos «a sabiendas de su injusticia».

Por ello la maniobra de Memoria Democrática sienta un precedente inquietante,l porque le ha bastado una resolución administrativa para ignorar lo que el Tribunal Supremo, el TSJ de Baleares y tres juzgados de lo contencioso, llevan años diciendo: que este monolito, levantado en el año 1948 en memoria de los fallecidos en el crucero franquista Baleares, es un bien catalogado y está blindado por la justicia.

El Gobierno está ignorando deliberadamente que Sa Feixina es hoy, por sentencia judicial, un símbolo de reconciliación.

Por ello Vox exige declarar persona non grata al secretario de Estado de Memoria Democrática, al igual que hizo en su día el pleno del Ayuntamiento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.