Uber se enfrenta a un expediente muy grave en Asturias por realizar viajes urbanos ilegales
La Consejería de Movilidad detecta trayectos con origen y destino en el mismo municipio, prohibidos desde 2018
Las inspecciones en Gijón, Oviedo y Avilés continúan para verificar el cumplimiento de la normativa VTC

La empresa Uber opera en Asturias al margen de la legalidad, según ha constatado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, que ha abierto un expediente sancionador contra la plataforma por prestar servicios urbanos sin la autorización preceptiva.
Según el Principado, los inspectores de Transportes han detectado trayectos realizados por vehículos de transporte con conductor —los denominados VTC— con origen y destino dentro del mismo municipio, una práctica expresamente prohibida por la normativa asturiana vigente desde 2018.
Infracción muy grave
La legislación estatal y autonómica es clara: las autorizaciones VTC tienen carácter estrictamente interurbano. Sólo pueden efectuar servicios cuyo origen o destino supere el ámbito de un único municipio, salvo en contratos de una duración mínima de dos días. Saltarse esta restricción constituye, según el marco normativo aplicable, una infracción muy grave.
En concreto, los hechos investigados podrían vulnerar lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la normativa autonómica en materia de transporte y movilidad sostenible que el Principado aprobó hace ocho años.
Tres ciudades vigiladas
Las labores de inspección que desencadenaron el expediente a Uber en Asturias comenzaron la semana pasada y no han concluido. El Gobierno regional ha confirmado que continuarán en los tres grandes núcleos urbanos: Gijón, Oviedo y Avilés, para verificar si la empresa mantiene este patrón de operación irregular en todo el territorio.
La consejería subraya que la vigilancia se extiende a todos los operadores del sector para garantizar una competencia justa y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y calidad exigibles en el transporte de viajeros.
Un reglamento pionero
En paralelo al expediente, el Ejecutivo asturiano ha dado otro paso relevante en la ordenación del sector: ha finalizado el texto del primer reglamento autonómico que regula el transporte público discrecional de viajeros en turismos. Se trata de una norma sin precedentes en el Principado que establece un marco jurídico común para el taxi y define con precisión el espacio en el que pueden moverse los VTC, limitado a los recorridos interurbanos.

El reglamento refuerza el papel del taxi como servicio público esencial en un territorio con características propias: dispersión demográfica, orografía complicada y una población envejecida que depende del transporte contratado para acceder a servicios básicos.
Adaptación a la era digital
La nueva norma desarrolla la Ley del Principado 12/2018, de Transportes y Movilidad Sostenible, para actualizar la regulación a los cambios que han transformado el sector en los últimos años.
La irrupción de plataformas digitales como Uber, la generalización de las aplicaciones de contratación y la evolución de las normativas estatal y europea habían dejado un vacío regulatorio que el Principado de Asturias aborda ahora con este texto.
El reglamento fija criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad para todos los vehículos de hasta nueve plazas que operen en el mercado del transporte discrecional, sea cual sea el canal de contratación.
Equilibrio entre operadores
El Gobierno asturiano insiste en que el objetivo no es penalizar ningún modelo de negocio en particular, sino garantizar que todos los actores del mercado compitan en igualdad de condiciones y bajo las mismas exigencias legales. El expediente abierto contra Uber en Asturias responde precisamente a esa filosofía: las reglas son las mismas para todos.
El sector del taxi, que lleva años reclamando una regulación que ponga coto a la competencia desleal de los VTC, ha acogido con satisfacción tanto el inicio del procedimiento sancionador como la aprobación del nuevo reglamento, al que considera un reconocimiento a su papel en la vertebración del transporte regional.