El 77,9% de los españoles cree que el cambio climático existe pero exige una transición ecológica más justa
El Observatorio de Transición Justa, Fundación Moeve y Red2Red presentan su cuarto informe estatal
El apoyo a solar (84%) y eólica (78%) crece, pero la ciudadanía pide saber dónde y cómo se despliegan
El 56% señala la creación de empleo como principal beneficio, 16 puntos más que en 2024

La transición ecológica ha dejado de ser un debate técnico o normativo para convertirse en una demanda social con exigencias concretas. El cuarto informe del Observatorio de Transición Justa, presentado este martes en Madrid, revela que la ciudadanía española mantiene un amplio consenso climático, pero reclama que este proceso se traduzca en beneficios tangibles relacionados con el empleo, la salud y el bienestar cotidiano.
El estudio, impulsado por Fundación Moeve y coordinado por Red2Red, se basa en una encuesta a 3.284 personas representativas por comunidad autónoma, sexo, edad y tamaño del municipio.
Consenso climático, pero con matices
El 77,9% de la población cree con total seguridad que el cambio climático está ocurriendo. Es un dato elevado, pero el informe advierte de que el respaldo pierde intensidad cuando la ciudadanía percibe que la transición ecológica se aleja de sus necesidades diarias. El 56% considera que combatir el cambio climático debe ser una prioridad de actuación, una cifra que refleja un consenso amplio aunque no unánime.
El estudio apunta que el relato dominante hasta ahora —centrado en tecnología y objetivos climáticos globales— necesita complementarse con una narrativa más próxima, anclada en la realidad de los territorios y las personas.

Motor de empleo y modernización
La creación de empleo aparece por primera vez como el principal beneficio socioeconómico percibido de la transición ecológica, señalado por el 56% de la ciudadanía, lo que supone 16 puntos más que en 2024. Este salto es notable: indica que la percepción del proceso como generador de oportunidades laborales se ha consolidado de forma acelerada en apenas un año.
Junto al empleo, la ciudadanía destaca el papel de la transición como motor de modernización, cohesión territorial y crecimiento económico. El respaldo aumenta de manera significativa cuando las políticas se presentan vinculadas a estos resultados concretos, lo que refuerza la importancia del relato y la comunicación en torno al proceso.
Beneficios para la salud y el entorno
El informe también recoge percepciones positivas sobre el impacto ambiental y sanitario. El 65,7% cree que la transición ecológica contribuirá a reducir la contaminación del aire; el 63,1% espera entornos urbanos más limpios, y el 60,7% prevé efectos positivos directos sobre la salud pública.
Estos datos son relevantes porque muestran que la ciudadanía ya no percibe la transición únicamente como una respuesta al cambio climático, sino también como una mejora en la calidad de vida inmediata. Esta percepción puede ser una palanca clave para ampliar el apoyo social al proceso.

Incentivos antes que restricciones
Las medidas con mayor respaldo entre la ciudadanía son aquellas que facilitan la acción sin imponer costes directos. Los planes de rehabilitación energética en hogares lideran las preferencias, con un 75,2% de apoyo; le siguen la prohibición de plásticos de un solo uso, con un 72,7%, y las campañas de sensibilización sobre consumo sostenible, con un 67%.
En cambio, las políticas percibidas como restrictivas o con coste directo para el bolsillo generan un respaldo significativamente menor. El estudio subraya la necesidad de avanzar a través de incentivos, simplificación administrativa y pedagogía territorial, especialmente en zonas donde el despliegue de nuevas infraestructuras requiere de mayor diálogo social y legitimidad.
Renovables y licencia social
El apoyo a las energías renovables sigue siendo mayoritario: la energía solar alcanza un 84% de respaldo y la energía eólica un 78%. El hidrógeno verde también mantiene una valoración relevante, del 69%, asociada a innovación y modernización industrial.
Sin embargo, el informe introduce un matiz importante: ya no basta con el apoyo genérico a las tecnologías limpias. La ciudadanía exige saber dónde, cómo y con qué beneficios concretos se despliegan las infraestructuras. Es lo que el estudio denomina «licencia social»: la necesidad de explicar y negociar el proceso en cada territorio, no solo anunciarlo desde arriba.

Una oportunidad a largo plazo
La percepción de la transición ecológica como oportunidad mejora con el horizonte temporal. El 50,3% la considera una oportunidad en el corto plazo, porcentaje que asciende al 62,9% cuando se plantea en el largo plazo. La diferencia es significativa: indica que la ciudadanía confía en el proceso, pero aún no percibe sus beneficios como inmediatos.
Esta brecha temporal es uno de los principales retos de comunicación y política pública identificados por el estudio. La percepción positiva aumenta cuando la transición se plantea explícitamente como una agenda de bienestar, empleo, resiliencia y protección de los territorios y personas más expuestos.
Las voces del informe
Anabel Suso, coordinadora del informe y directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, señala que «los datos de esta edición muestran que la transición ecológica mantiene un amplio respaldo social, pero también que la ciudadanía es cada vez más exigente con la forma en que este proceso se desarrolla».
Añade que el reto «ya no es sólo explicar el objetivo climático, sino conectar la transición con beneficios concretos en salud, empleo, vivienda, movilidad y bienestar cotidiano».
Teresa Mañueco, directora general de Fundación Moeve, recalca que el informe «permite escuchar a la sociedad y entender cómo evolucionan sus percepciones ante uno de los grandes procesos de transformación de nuestro tiempo». Concluye Mañueco que sus resultados ayudan a identificar «barreras, oportunidades y aprendizajes clave para avanzar hacia una transición ecológica justa, inclusiva y conectada con las preocupaciones reales de las personas y los territorios».
Radiografía de la transición ecológica
El trabajo de campo se realizó entre enero y febrero de 2026 sobre una muestra de 3.284 personas residentes en España, con diseño representativo por comunidad autónoma, sexo, edad y tamaño del municipio.
Esta edición incorpora por primera vez un bloque sobre percepción de vulnerabilidad ante el cambio climático y capacidad de adaptación individual y colectiva, además de dar continuidad al análisis sobre movilidad sostenible iniciado en la edición anterior. El informe completo está disponible en la web del Observatorio de Transición Justa.