El Ayuntamiento de Palma comienza a notificar el desalojo a los 206 okupas de la antigua prisión, el 70% magrebíes

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 27/02/2026 15:18
  • Actualizado: 27/02/2026 15:20

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a entregar las notificaciones de desalojo a los 206 okupas que en la actualidad residen en la antigua prisión, el 70% magrebíes, según el censo realizado.

Así se ha acordado en una Junta de Gobierno extraordinaria dando inicio a un plazo de cinco días que los okupas tienen para presentar alegaciones, ha informado el gobierno municipal en un comunicado.

Una vez resuelto este trámite, se dictará el auto de acuerdo que obligará a desalojar el recinto (allí se prevé construir una rotonda e impulsar un proyecto residencial) en un máximo de cuatro días.

En el caso de que haya okupas no abandonen el inmueble municipal de forma voluntaria, el Ayuntamiento solicitará la correspondiente autorización judicial para ejecutar el desalojo al que se oponen los partidos de izquierda de la oposición municipal, socialistas, separatistas de Més y Podemos.

Esta mañana también se ha celebrado una Junta Local de Seguridad en la que se ha dado cuenta de los resultados del censo elaborado a lo largo de los últimos días en los que se han establecido controles de acceso a la antigua prisión.

Perfil: magrebí de entre 23 y 25 años

En total se ha contabilizado la presencia de 206 personas. De los primeros análisis, a la espera de cruzar los datos con las bases de la Policía Nacional, se desprende que la mayoría (80%) son hombres y que la mayoría tienen entre 23 y 35 años. No se ha detectado la presencia de menores de edad.

Alrededor del 70% de las personas identificadas son de origen magrebí, todo hace indicar que llegados en pateras a Mallorca, a quienes siguen un 15% de españoles y un 10% de colombianos. El resto proceden de otros países de América Latina, aunque estos datos también deben ser cotejados con las fuerzas de seguridad.

A estas 206 personas hay que sumar otras 60 que residen de manera irregular en las viviendas del antiguo recinto penitenciario que no han sido objeto del censo ya que su desalojo se llevará a cabo en una fase separada.